La pesca de totoaba fue prohibida en México desde 1975

chozas con piel de este pez. Después vino la venta del buche que se catapultó durante los veinte a través de los dos hermanos chinos Juan y Arturo Chein Quan, dueños de una tienda llamada La Playa en la costa de San Felipe.

Ambos compraban a cuatro centavos de oro el buche a los pescadores con el fin comercializarlos a Calexico y el Barrio Chino de San Francisco, Estados Unidos. Los pescadores comenzaron a extraer masivamente, pero sólo vendían la vejiga natatoria y desechaban el resto en las playas.

El comercio se volvió afamado en la primera mitad del siglo XX, lo que también llevó a los mexicalenses a consumir el buche. Los antiguos pescadores usaban una cuchara con filo para sacarlo, ya que si utilizaban un cuchillo podían trozarlo y ya no se los compraban.

Todo ello sobreexplotó el Alto Golfo de California, donde también habita la vaquita marina. Poco a poco San Felipe se estableció como un campo pesquero con cooperativas y la demanda china pasó del gusto personal a que invitaran a sus connacionales a extraerlo.

Los viejos pescadores platican que la totoaba detonó una época de “bonanza”, sobre todo cuando los chinos se involucraron como intermediarios. La pesca estalló a tal grado que usaban dinamita para extraerla, aunque para finales de la década de 1950 se envió una comisión de regidores a San Felipe para detener este método.

Entre 1920 y 1942, según la plataforma datamares, se alcanzó el “máximo histórico” de pesca de 2,261 toneladas y en 1975 llegó a un “registro mínimo” de 58 toneladas. “Hubo un aumento exponencial en el esfuerzo pesquero (número de pangas), lo que pudo contribuir al colapso de la pesquería en 1975”, señala su informe biológico sobre la totoaba, la cual fue catalogada en peligro de extinción en el colapso. Para 1979-1995 fueron 70 toneladas.

Al tiempo que la totoaba fue afectada, la vaquita marina corrió la misma suerte, lo que llevó a que en 1992 se creará el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba (CTPVT). En 1993, se estableció la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Es decir, se fijaron regulaciones.

Al transitar por la calle 1 de junio, en el Golfo de Santa Clara, nos encontramos con una estatua de metro y medio de San Judas Tadeo. Junto a ella en una palmera cuelga un pequeño altar con una fotografía de Samuel Gallardo, conocido como “El Samy”, un líder de la entonces cooperativa pesquera más importante de la zona.

“Aquí lo mataron”, cuenta nuestro guía sobre aquel 9 de junio de 2014 cuando fue acribillado por unos sicarios. Hubo luto durante una semana.

Cualquiera que conocía a Gallardo, recuerda el guía, sabía de su bondad y del desarrollo que trajo al pueblo. Pero, también, como lo narran sus exempleados y amigos: el trabajo mejor pagado que ofrecía “El Samy”, era el de extraer buche para sus socios de China, Corea y Japón.

Las hipótesis de su asesinato –según sus conocidos– rondan en torno a un ajuste de cuentas con enemigos del pasado en el narcotráfico; a una pelea para arrebatarle el negocio de la totoaba y, también, la de un adeudo millonario con los chinos.

De acuerdo con pescadores, a partir del asesinato se fragmentaron en decenas de grupos criminales que en la actualidad se pelean a fuego y sangre. “Se acabó lo que tenía un control”, narra un pescador sobre el polvorín desatado después de que murió “El Samy”.

Durante 2011 a 2019 se confiscaron 3 mil 476 piezas de vejigas, de acuerdo con una base de datos cruzada con decenas de solicitudes. A esto se suman filetes y totoabas enteras con un peso de 19 toneladas. Igualmente se contabilizaron 10 cadáveres de vaquita marina en estado de descomposición, donde hay una cifra negra imposible de cuantificar, ya que los pescadores furtivos las perforan para hundirlas, las descuartizan o las entierran en el desierto.

Estos decomisos de la autoridad son una pizca, ya que el Cártel del Dragón sofistica año con año el modus operandi con más intermediarios. Años atrás, los traficantes chinos recogían la mercancía en los campos pesqueros. Pero en la actualidad, se establecieron como punto de entrega, bajo pedido previo vía whatsapp con claves, en algunos restaurantes de comida china en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y San Francisco, de acuerdo con Aideé Lara, quien fuera subdirectora de Delitos Federales de la Profepa en Baja California.

En una comunicación interna de Profepa de octubre del 2014 se detalla que, en Tijuana, un traficante fue detenido con 3 mil 404 pepinos de mar, otra de las especies que controla el Cártel del Dragón, junto a la aleta de tiburón, las tortugas marinas, el caballito de mar y el abulón. El paquete iba al restaurante Ocean Pacific. El detenido les respondió a los agentes que él vendía productos marinos, como el buche, a sus socios chinos.

Ahora sofisticaron el sistema con triangulaciones. Nuestro guía explica que los pescadores entregan el buche a un intermediario mexicano del pueblo, para llevarlo a una casa y luego a otra. Un trabajo así se paga en 200 dólares para que, después de pasar por manos de varios intermediarios mexicanos, sea entregado en la ciudad de Mexicali o Tijuana a un traficante de origen chino. Nuestro guía, quien ha hecho estos trabajos, sostiene que va incluida la protección de la Guardia Nacional, o al menos la de un grupo, pues otro más emprendió una “cacería de chinos” para quitarles el dinero de las entregas.

Lara explica que las rutas y las formas cambiaron: “Sé que hay chinos que inclusive están trazando otras rutas; por ejemplo: de Nuevo León y del Bajío. La gente con grado alto dentro de su organización se está atreviendo a hacer los traslados”.

“Los chinos que operan aquí no confían en los mexicanos. Ellos operan vinculados a organizaciones delictivas, pero los chinos gerencialmente tienen el control […]. Llevan a cabo la gestión de negocios con una visión empresarial”, explica Israel Alvarado, ex director de Delitos Federales contra de la Profepa y experto en criminalidad ambiental.

De acuerdo con Lara y Alvarado, el Cártel del Dragón sobrepasa a la Procuraduría ambiental porque no cuenta con facultades legales de investigación en los artículos de su reglamento interior, por lo que no pueden hacer trabajos de inteligencia y tampoco detenciones.

En el informe Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y bosque de la UNODC –donde Alvarado fue asesor–, se especifica que se deben “revisar las atribuciones de la Profepa en materia penal”, donde la Profepa obtenga facultades para investigar y recabar datos de prueba en el tráfico ilícito de vida silvestre.

Aunque a veces las evidencias tampoco son suficientes, pues para Luis Enríquez, investigador del laboratorio biotecnológico de la totoaba en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, Ensenada), los jueces no tienen un criterio ambiental. “Conocen la información legal, pero les falta la biológica”, señala Enríquez, quien ha participado en juicios de México y Estados Unidos, y se queja de que no se logra reparar el daño.

Dichas reparaciones, se han logrado en la Corte Federal de San Diego, Estados Unidos, a través de tres expedientes. En 2013, por ejemplo, detectaron una red México-eu-china de una empresa fachada de muebles. Gracias a ello, se destinó una suma de 500 mil dólares al gobierno mexicano para reparar el daño cometido por los traficantes Kam Wing Chan y Song Shen Shen. Durante el juicio, estuvo presente David Conal True, responsable del laboratorio de totoaba de la UABC, cuyo testimonio fue clave para determinar el daño.

Incluso el gobierno chino ha hecho más. En marzo de 2019, la Fiscalía de