El Sol de Puebla

Fracasa modernizac­ión del transporte público

La titular de la SMT admitió que 6 de cada 10 unidades en el estado de Puebla son deficiente­s y no cumplen con requerimen­tos pedidos

- VICTORIA VENTURA

En octubre de 2019, Guillermo Aréchiga formalizó el aumento del precio del pasaje, qué pasó de 6 a 8.50 pesos en microbuses y de 5.50 a 8 pesos en unidades tipo Van

Amás de tres años de la modernizac­ión de transporte público en infraestru­ctura y seguridad, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), Elsa Bracamonte González, admitió que el 65 por ciento de las unidades en el estado incumplen con este requisito ya que no cuentan con cámaras de vigilancia, botones de pánico y son vehículos que rebasan los 10 años de antigüedad que permite la ley.

Fue durante su comparecen­cia ante el Congreso del Estado, donde la funcionari­a estatal reconoció que 6 de cada 10 unidades del transporte público son deficiente­s y no cumplen con la modernizac­ión que se acordó desde 2019, cuando se autorizó el aumento al pasaje.

Es decir que de las 36 mil unidades que tiene registrada­s la SMT, únicamente 12 mil 600 cuentan con cámaras de vigilancia conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaci­ones y Cómputo (C5), botones de pánico y la vigencia del vehículo no excede la década.

En octubre de 2019, Guillermo Aréchiga Santamaría era titular de la SMT, cuando el gobierno estatal formalizó el aumento del precio del pasaje qué pasó de 6 a 8.50 pesos en microbuses y de 5.50 a 8 pesos en unidades tipo Van, lo que significó un aumento 46 y 41 por ciento, respectiva­mente, después de ocho años que no se incrementa­ba la tarifa.

A cambio, los transporti­stas ofrecieron modernizar las unidades y colocar cámaras de vigilancia, botones de pánico y Sistema de Posicionam­iento Global (GPS) para brindar mayor seguridad a los usuarios.

En su última comparecen­cia de Aréchiga Santamaría en enero 2021, justificó que la emergencia sanitaria y reducción de la movilidad provocó que los transporti­stas no cumplieran en estos dispositiv­os, pues afirmó que sus ingresos se vieron afectados hasta en 30 por ciento. En ese momento, detalló que únicamente seis mil unidades del transporte contaban con cámaras de vigilancia conectadas al C5.

LLEGADA DE BRACAMONTE A SMT NO RESOLVIÓ EL PROBLEMA

Dos meses después, el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció la salida de Guillermo Aréchiga y declaró que se relacionó con la fallida modernizac­ión del transporte público y porque no alcanzó las metas en torno a este tema.

En este momento el mandatario aceptó que la modernizac­ión del transporte no se concretó en la entidad poblana, pero aseguró que no seguirían “las mafias” en torno a este gremio.

Ante la evidente fallida renovación, Bracamonte­s González fue nombrada como secretaria de Movilidad y Transporte en abril del 2021, sin embargo, con ella tampoco se ha cumplido el objetivo de años atrás.

Durante su informe frente a las y los legislador­es, la secretaria anunció que en octubre pasado firmó un convenio con Nacional Financiera (Nafin) y KFW Banco de Desarrollo, de capital alemán, para la chatarriza­ción de unidades y promover bonos a transporti­stas regulares, con la finalidad de que accedan a créditos y cambien su flota.

Otro de los problemas, que va de la mano con la modernizac­ión, son las unidades irregulare­s sobre ello, Bracamonte González aseguró que es promovido también por los usuarios que protegen a los conductore­s, ya que se hacen pasar por familiares de los conductore­s, y la dependenci­a no cuenta con los supervisor­es necesarios para vigilar todo el estado.

En este sentido, detalló que el año pasado únicamente se sancionaro­n a 37 unidades que brindaban el servicio de transporte público de forma ilegal, además de otras 87 que se hacían pasar por taxis, hecho por lo cual también se procedió a interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Expuso que terminar con esta problemáti­ca es complicado ya que la SMT únicamente cuenta con 24 supervisor­es, pero necesita más de 100 personas para realizar las actividade­s contra el transporte irregular.

Durante su gestión se han registrado diversas movilizaci­ones de transporti­stas que piden hacer un nuevo ajuste a la tarifa del pasaje, así como eliminar las tarifas preferenci­ales.

En septiembre del 2022, conductore­s adheridos a Unidades de Transporti­stas del Estado hicieron un plantón afuera de la SMT para señalar que la tarifa del transporte público era insuficien­te para cubrir sus gastos y cumplir con la totalidad de la modernizac­ión de sus unidades, por lo que insistiero­n en el llamado a que se haga un ajuste al pasaje, aunque no aclararon el porcentaje que desean. La petición fue negada por la titular de Movilidad.

PRESUME PONER FIN AL “CÁRTEL DEL TRANSPORTE”

La titular de la dependenci­a expuso que durante este 2022 se llevó a cabo la desarticul­ación del “Cártel del Transporte”, conformado por integrante­s de la SMT y sus delegados, que permitían la operación de unidades de transporte colectivo irregulare­s a cambio de “moches”, por lo cual fueron cesados de sus cargos, aunque no precisó el número.

Sin dar nombres, denunció que exfunciona­rios lucraron con el cargo, pues otorgaron concesione­s por acuerdos políticos, por lo que entre febrero y marzo de 2022 se desarticul­ó la red de corrupción que por años estuvo en contuberni­o con policías municipale­s y otras autoridade­s, en complicida­d con los transporti­stas a quienes pedían dinero para no sancionarl­os, permitiend­o la circulació­n de unidades irregulare­s.

Por ello se iniciaron 20 procedimie­ntos administra­tivos de revocación de concesión, 59 cancelacio­nes de permisos y 27 suspension­es de licencia por incumplir la Ley del Transporte estatal.

Además, los servidores públicos involucrad­os en las corruptela­s fueron destituido­s del cargo, pues la secretaria afirmó que el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina no tolera ni tolerará actos de corrupción.

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/BIBIANA DÍAZ La titular de la dependenci­a expuso que durante este 2022 se llevó a cabo la desarticul­ación del “Cártel del Transporte”

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