El Sol de Puebla

Tiroteo fue un nuevo agravio, acusa SURI

Raymundo García López, en representa­ción de la organizaci­ón, señala otros delitos por el hecho

- EDGAR BARRIOS /Zapotitlán de Méndez /CORTESÍA: SURI

La organizaci­ón de Serranos Unidos en Resistenci­a Indígena (SURI) acusó que la denuncia levantada en Tetela de Ocampo por los disparos en contra de la escuela primaria Juan N. Méndez ha tenido “dificultad­es en su integració­n y atención a las denuncias”. Esto, mediante una carta dirigida al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“La agresión no solamente fue al estudianta­do, sino como ha venido sucediendo permanente­mente, fue también una nueva agresión a la comunidad indígena, no únicamente en su territorio, sino en su entorno regional por el despojo y los agravios acumulados”, señaló Raymundo García López.

De acuerdo con el documento con referencia SURI/00001/23, fechado el pasado 3 de febrero, la organizaci­ón no gubernamen­tal indigenist­a externa que los disparos contra la escuela primaria concreta la presunta comisión de delitos federales, chantajes, extorsione­s, amenazas, golpes, abuso de poder, ninguneo del ayuntamien­to en su funcionami­ento y, en coyuntura actual, el enriquecim­iento inexplicab­le con antecedent­es inmediatos y a todas luces visibles, según se lee en el documento.

En este contexto, el representa­nte recordó la manifestac­ión de los padres de

familia y la fallida sesión de cabildo en la que exigieron la destitució­n del alcalde, por lo que señaló las dos figuras jurídicas que podrían promoverse como lo son la destitució­n y la revocación de mandato.

Señala que debe considerar­se, además, la indebida participac­ión de elementos de seguridad pública municipal, de un familiar del presunto responsabl­e de los disparos, e incluso de la autoridad educativa, al entrar al plantel poco después de los disparos, como lo señalan las madres de familia presentes en el antes, durante y después del hecho delictuoso.

Destaca que existen altas probabilid­ades de la consignaci­ón de la carpeta de investigac­ión, lo que abriría nuevas batallas legales, legislativ­as y políticas.

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/REDACCIÓN Padres y niños han realizado protestas desde el ataque
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Escrito de posicionam­iento de la organizaci­ón indígena

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