Acortan audiencias contra García Luna
La defensa analiza si el exfuncionario ofrecerá su testimonio, pero no está obligado a pronunciarse
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Queda por saber si el lunes se sentará en la tribuna de los testigos algún otro narcotraficante, como El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada García
La sofisticación criminal-empresarial
NUEVA YORK. El juicio por narcotráfico contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, puede concluir la semana próxima, después de que la Fiscalía anunciara que el lunes convocará a sus últimos testigos.
Coincidiendo con el arranque de los alegatos, el pasado 23 de enero, la Fiscalía adelantó que su presentación de pruebas y testigos se prolongaría entre seis y ocho semanas, por lo que el anuncio de ayer ha tomado por sorpresa al equipo de la defensa.
Una vez concluida la presentación de los testimonios de los fiscales contra García Luna, se pasará al turno de la defensa que, en principio, no tiene previsto convocar a ningún testigo.
Ni hoy ni mañana habrá sesión y el lunes, muy posiblemente, se conozca si García Luna ofrecerá su testimonio, algo a lo que el acusado no está obligado.
A la salida del tribunal, el jefe de la defensa, César de Castro, informó que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre este asunto, aunque precisó que es Genaro García Luna quien tiene la última palabra.
"Nosotros hablamos con él, pero es una decisión suya", subrayó De Castro.
El juez Brian Cogan, que preside el proceso, adelantó que en caso de que el expolítico testifique, el jueves podrían tener lugar los alegatos finales de ambas partes, antes de que los 12 miembros del jurado se retiren a deliberar.
"Ellos no tienen más testigos, así que vamos a ver", dijo De Castro a los medios a las puertas del Tribunal Federal del Este de Nueva York, situado en el distrito de Brooklyn.
Para De Castro, la decisión del gobierno de no convocar a más testigos ha podido ser parte de su estrategia.
"Puede ser que todo haya sido la estrategia, (decir) que tenemos seis semanas y luego tres", comentó.
Hasta el momento han comparecido 25 testigos por parte de la Fiscalía, principalmente exnarcotraficantes y exfuncionarios del Departamento de Justicia, testificó ayer
corruptos mexicanos, además de agentes de seguridad estadounidenses que participan en la lucha contra el narcotráfico.
Los principales testimonios han sido el de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un hombre de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva y que aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna; y el del también narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias El Lobo Valencia, que aseguró haber entregado más de 10 millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir bandas rivales.
Queda por saber si el lunes se sentará en la tribuna de los testigos algún otro narco, como El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán y que, durante el juicio contra El Chapo, han declarado contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón
aaseguró como testigo que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 tres millones de dólares.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el sexenio de Felipe Calderón se protegía a los narcotraficantes. “En un sexenio en el que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes, todo indica de que se protegía algunos para atacar a otros”, dijo el Presidente en mañanera.
El martes, Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, declaró contra García Luna que le había dicho el entonces gobernador Ney González que junto a Felipe Calderón dio instrucciones a funcionarios federales para que apoyaran al Cártel de Sinaloa.
López Obrador sostuvo que “tiene que demostrarse” si Calderón “sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, y añadió: “Hay cosas que no se pueden ocultar”.
Detrás del crecimiento de las cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y sangrientas disputas territoriales en el país, existe un fenómeno delincuencial poco perceptible que se ha arraigado en México. La forma como asoma refleja la gravedad del problema donde el Estado mexicano y sus tres poderes han sido rebasados por el crimen organizado que disputa el monopolio de la violencia al asesinar e intimidar jueces y legisladores, y controlar buena parte del sistema de procuración de justicia del país.
Hace más de una década se tuvieron los primeros reportes de un salto cualitativo en las dinámicas económica-criminal en el país. En Tamaulipas el crimen organizado había creado sindicatos y los afilió a la CROC y a la CTM para hacerse con contratos de obras privadas y públicas mediante asesinatos y extorsiones.
La infiltración de grupos delincuenciales en los gobiernos locales y en las economías regionales ha alcanzado tal grado de sofisticación donde el dominio va más allá de las policías locales como sucedía hasta hace pocos años, hoy controlan obra pública en municipios y estados.
Un documento de la Guardia Nacional titulado Crecimiento de carteles y su inclusión en las decisiones político económicas, alerta que en este sexenio los grupos criminales han tomado por asalto gobiernos y economías locales en diferentes estados “logrando control sobre los habitantes, los gobernantes, territorios y política, aumentando de esta manera el control de los procesos electorales, así como el asesinato de policías, candidatos y autoridades locales”.
El informe es un estudio prospectivo para la inteligencia estratégica donde el ejemplo analizado se centra en el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Citan sin especificar la existencia de “nueve carteles de gran tamaño”, que han dado pie a la creación de 74 brazos armados e incontables células a su servicio impulsadas por la lógica de la especialización en el mercado de drogas, armas, secuestro, extorsión y trata, así como el comercio ilícito de combustible.
“Se ha detectado la presencia del 'poder económico' ilegal en procesos electorales, apoyando a candidatos y exigiendo que al momento de tomar posesión se cumplan ciertas condiciones, señaladamente el control de obras y de las oficinas de seguridad pública. Al final del proceso, gran parte del personal estructural pertenece a los grupos delictivos al servicio del cártel. Esta lucha de poder económico y político ha incentivado la colusión de políticos con los grupos del crimen organizado permitiendo la impunidad y libre campo para actuar, logrando afianzar el control territorial por medio de la cercanía con los habitantes de las comunidades. Esta delincuencia organizada ha centrado su fuerza en establecer alianzas y vínculos en los niveles político, empresarial y policial”.
El documento advierte que la diversificación de los carteles y la proliferación de células delictivas pequeñas y difíciles de controlar, dificultará la labor de las instituciones de seguridad. El comercio informal aumentará de forma gradual apoyado por estos grupos favoreciendo el lavado de dinero para controlar ciertas economías locales y de grandes ciudades por medio del control de los procesos electorales.