Detecta ASF daño a erario en Zacatlán
Por descuido u omisión, la administración del alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, quien poco antes de cumplir su segundo trienio cobijado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) renunció hace unos días a las filas de dicho instituto político, dañó presuntamente las arcas municipales en 2022, al ejercer injustificadamente casi 10 millones de pesos en obra pública, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente a 2022, el organismo federal resolvió que el gobierno del ahora expriista perjudicó las arcas municipales por poco menos de 10 millones de pesos.
Según el órgano autónomo de la Cámara de Diputados que se encarga de auditar el uso de recursos públicos por todos los sujetos obligados del país, Zacatlán fue uno de los ayuntamientos con el mayor número de inconsistencias fiscales de todo Puebla.
El monto que la administración de Márquez Martínez sigue sin justificar al erario es equivalente al 3.4 por ciento de todo el dinero presupuestado a esa demarcación durante 2022, que alcanzó los 287 millones 432 mil 390 pesos.
Así, en el reporte se indicó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por parte del ayuntamiento de Zacatlán, por 9 millones 840 mil 285 pesos y 16 centavos.
En el desglose de la observación se indicó que la comuna presentó varias inconsistencias, principalmente en la contratación de obra pública, esto como parte de lo asignado en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que contempla gasto para dicho rubro.
Particularmente, la revisión dela federación las cuentas evidenció que en tres contratos no se acreditó “el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo”. En otras palabras, la ASF encontró que el ayuntamiento pactó la realización de obra pública con cargo al erario, pero ni siquiera justificó a quién beneficiaría la misma.
En otros dos procedimientos de compra no incluyó los gastos no previstos en el presupuesto original de los proyectos. Esto significa que se usó más dinero de lo planeado para las obras, sin que se haya argumentado su ejecución.