El búmeran de la inseguridad para Morena
Los candidatos y dirigentes de los partidos políticos representantes de la 4T empeñados en descalificar al ayuntamiento de Puebla por la concurrencia de hechos criminales, para restar simpatías y votos a la oposición, no van a frenar su estrategia. Ni porque lo pida el gobernador.
El viernes, varios de ellos usaron el hallazgo de siete cadáveres en un tramo del Periférico para acusar la “incapacidad” del gobierno municipal para enfrentar a los delincuentes y terminar con la expansión de sus actividades ilícitas.
Cómo no iban a hacer señalamientos inquisidores si el responsable de esa administración hasta hace unos meses era Eduardo Rivera Pérez, hoy candidato a gobernador de la oposición y principal rival del oficialismo en la contienda estatal.
El manual básico de estrategias electorales obligó a los abanderados de Morena y a su dirigente a sacar beneficio político del macabro descubrimiento.
Entonces se desplegó una narrativa que otorgó la culpabilidad de ese hecho y de otros más al “ineficiente” gobierno municipal, con el propósito de crear una percepción social que dañe a Rivera Pérez y de una vez a todos los abanderados de la oposición.
La alianza Fuerza y Corazón por México, donde cohabitan PAN, PRI y PRD, hizo lo mismo en el arranque de la contienda federal, al establecer el tema de la inseguridad como eje de las críticas dirigidas a Morena y al gobierno del presidente López Obrador.
No hay que sorprenderse porque ahora, a nivel local, lo hagan los morenistas en contra de los panistas.
Están todos en guerra por el poder. La estrategia, sin embargo, presenta un punto de riesgo para los propios morenistas.
Dentro del estado es posible delimitar los señalamientos específicos al gobierno de un municipio o a un ayuntamiento, acusar a una autoridad de ser permisiva con el avance de la criminalidad y ponerle la etiqueta partidista para desacreditarla de cara a los electores, pero fuera de la entidad eso no es así.
Si los promotores de las críticas a Rivera Pérez y el PAN revisan la información que los medios de la Ciudad de México –mal llamados nacionales– publicaron el fin de semana respecto del hallazgo de los restos humanos, verán que en la mayoría de los casos manejaron indistintamente Puebla estado y Puebla capital, y que no pocos le colgaron la responsabilidad al gobierno estatal, emanado de la 4T.
La reacción en redes sociales, de cuentas ajenas a la entidad, fue todavía más virulenta en este sentido.
Ese es el riesgo de llevar temas de esta naturaleza a la estridencia pública.
Fuera de Puebla no se dice que “en tal ciudad del estado” se cometen asesinatos de manera cotidiana, sino que se señala solo a la entidad. Y dentro deben ser muy pocas las personas –y los electores– que atribuyen la tarea de combate al crimen solo a los ayuntamientos, cuando el mal contra el que se lucha es enorme.
Al descalificar a un ayuntamiento se descalifica también a la administración estatal.
Eso lo sabe bien el gobernador Sergio Salomón Céspedes, que el viernes fue muy preciso al pedir a los integrantes de todos los partidos políticos, incluido el suyo, eludir esos hechos como herramienta de combate electoral.
A final de cuentas, el autor de las políticas públicas contra la delincuencia establecidas en el país es Andrés Manuel López Obrador.
Por eso es que el empleo de la crisis de inseguridad como arma política podría