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LA REFORMA

al artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos fue aprobado en nueve días por las dos cámaras legislativas

Paul Sánchez, destacó que la reforma está mal fundada y pretende regresarle el monopolio, toda vez que la justificación se basa en una determinación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para determinar que ya no existe un poder dominante de Pemex, cuando es la Cofece la única facultada por ley a determinar la competencia en cualquier mercados.

COMPETENCIA A MEDIAS

En noviembre de 2019, la CRE determinó que había cuatro mil 670 estaciones de servicio con imagen comercial distinta a la de Pemex, lo que demostraba una mayor cantidad de participantes, justificación de la iniciativa.

Según datos de la Cofece aunque hay diversos permisos y operan estaciones de servicio de diversas marcas distintas a Pemex, la paraestatal se mantiene como el principal oferente del mercado mayorista al suministrar 83 por ciento de gasolinas y 73 por ciento del diésel en 2020.

Abril Moreno dijo que Pemex podrá aprovechar su ventaja en el mercado para decidir de manera discrecional a quién le otorga descuentos “de manera tal que afecta la competencia”.

Sánchez Campos añadió que la regulación asimétrica no se creó, en 2014, para perjudicar a Pemex, sino para beneficiar a los consumidores y tener muchos más competidores. “Eso es lo que están deteniendo y lo que está generando atraso en la industria”, abundó.

Añadió que la reforma aprobada en el Senado es la culminación de todo un proceso legislativo para devolverle el monopolio a Pemex, toda vez que la anterior reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso el 22 de abril, permite limitar y regular el número de competidores de la petrolera mexicana, lo cual se sumará a la regulación del mercado que podrá ejercer Pemex, como la principal abastecedora de gasolinas y diésel.

Especialistas del sector e incluso legisladores federales también han advertido que las recientes reformas al sector hidrocarburos y que benefician a Pemex tendrán el mismo fin que la reforma a la industria eléctrica, que a dos días de su publicación oficial fue suspendida por un juez federal, así como que son objeto de juicios internacionales por afectar tratados comerciales como el Tratado Méxicoestados Unidos-canadá (T-MEC), que en su capítulo 22 establece que no se puede otorgar beneficios a una empresa del Estado frente a competidores privados en un mercado, como la venta de combustibles.