Gerardo Gutiérrez
Difícilmente puede exagerarse la gravedad de que en el Congreso se haya aprobado prolongar el periodo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un simple artículo transitorio, aunque los asuntos del día a día y la intensidad del ruido político pongan el asunto, por el momento, en la cajonera de pendientes de la agenda pública. No por nada se activaron las alertas en sectores tan diversos como pueden serlo el de la inversión y el de defensores de los derechos humanos, y no sólo en México.
Se violenta abiertamente la separación de poderes, pues son los ministros de la Corte los facultados para elegir en su Pleno a su Presidente, y más aún, esa extensión en el cargo o reelección está literalmente prohibida por la Constitución. Como escuché opinar al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, si surtiera efectos esa maniobra, de alguna forma nuestro país saldría del paradigma del Estado constitucional. Dejaría de tener sentido el referente de una norma suprema a la que debe sujetarse toda regla y la convivencia colectiva. Esa es la dimensión del riesgo que pende sobre nuestro Estado democrático de derecho, aquí y ahora.
Si prevaleciera tal distorsión jurídica para sostener una intención política, entonces todo podría ser posible: sin principios, referentes y límites que sean ejes rectores, lo mismo podríamos estar entre la anarquía o un régimen discrecional. Simplemente, por jerarquía, una disposición transitoria de una legislación secundaria no puede estar por encima la ley fundamental. Si la Constitución deja de ser la referencia, el vacío lo mismo podría dar pie a que se vulneren garantías ciudadanas o, además de la reelección de un Presidente de la Corte, a la de gobernadores o presidentes de la República.
Por supuesto, se emite una señal ominosa contra la división de poderes: que el Poder Ejecutivo y un Legislativo dominado por éste intervengan y decidan en el Judicial. Máxime cuando vemos cómo se
acosa a jueces y se trata de desacreditarlos cuando sus fallos no coinciden con las acciones y leyes promovidas desde el poder político. Recientemente lo vimos sobre la persona de un juez que ha concedido amparos frente a reformas igualmente inconstitucionales, como la de la industria eléctrica o ante la que nos obliga a entregar datos biométricos, sin garantías para la seguridad y la privacidad.
Además, las leyes deben ser de aplicación general, no privativas: no pueden estar dirigidas a castigar o premiar a alguien en específico, con nombre y apellido, como ocurre en este caso, bajo pretextos inverosímiles, como la pandemia o el ser la única persona que puede hacer que prevalezca una reforma. México necesita instituciones fuertes, más que personajes fuertes.
El problema no es la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con especialistas atiende áreas de oportunidad relevantes, como los mecanismos de ingreso y carrera judicial, así como al combate de prácticas de nepotismo y corrupción. Pero todo eso queda ensombrecido por la idea de prolongar el periodo del Ministro Presidente y el de los otros seis miembros del Consejo de la Judicatura Federal actuales. Lo inaceptable, y que todos los ciudadanos debemos rechazar, es que, de última hora y subrepticiamente, se haya metido un artículo transitorio manifiestamente anticonstitucional. ¿Cómo puede promoverse la legalidad a partir de un acto ilegal?