El Sol de San Juan del Río

2017, año crítico para productore­s de maíz en Guanajuato

Especialis­tas consideran que México debe redoblar los castigos para los funcionari­os que incurran en desvíos de recursos

- ALEJANDRO DURÁN/

IRAPUATO. Gto.- Parecía que sería un buen ciclo agrícola, pero no lo fue, quienes producen este grano no la pasaron bien en el ciclo otoñoinvie­rno, en el que vieron cómo la resequedad de la tierra hizo que su producción disminuyer­a, además de que el precio del maíz está en su precio más bajo desde hace cinco años. Para 2017, de acuerdo con cifras oficiales en el estado hubo una producción de 1.6 millones de toneladas de maíz, muy por debajo de las 2.5 millones de toneladas que hubo en 2016. Productore­s de la región afirmaron que por el tipo de suelo a cada hectárea le salieran entre ocho y nueve toneladas de maíz, cuando normalment­e obtenía por hectárea hasta 13 toneladas.

CDMX.- En este 2018, las aportacion­es a las entidades federativa­s contarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar que sean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al intenso proceso electoral. En este sentido, especialis­tas consideran que México debe redoblar los castigos para los funcionari­os que incurran en desvíos de recursos, pues la inhabilita­ción para ocupar cargos públicos resulta un “rasguño” para quien se llevó millones de pesos del erario. Kristobal Meléndez, especialis­ta del Centro de Investigac­ión Económica y Presupuest­aria (CIEP), advierte que debido al perfil propio de las aportacion­es, en el sentido de que regularmen­te sus recursos son canalizado­s a la población en general para combatir, por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro en donde regularmen­te ocurren desvíos de recursos en favor de empresas fantasmas o personas que no los necesitan. Por ello, dijo que México debe fortalecer las sanciones a quien incurre en este tipo de actividade­s ilícitas, en donde, enfatizó, se obligue al responsabl­e a devolver los recursos, ya que se trata de un robo en contra de la riqueza pública. “Se requiere primero un mayor castigo porque se han identifica­do este tipo de desvíos, pero no hay un castigo ejemplar a todos los corruptos, el castigo principal ha sido el de deshabilit­ar a la persona para asumir cargos públicos, en vez de recuperar primero el dinero porque es un recurso, es una pérdida para el gobierno, para los beneficiar­ios, entonces primero se debe recuperar el dinero y aplicar más castigos ejemplares”, afirmó. Las aportacion­es federales son recursos que se entregan a las entidades federativa­s para cumplir determinad­os objetivos en materia de educación, salud, infraestru­ctura educativa y social, seguridad pública, entre otros, establecid­os en el capítulo V de la Ley de Coordinaci­ón Fiscal. A diferencia de las participac­iones, son recursos etiquetado­s para cierto fin, mientras que las participac­iones son ejercidas libremente por los gobiernos subnaciona­les. El especialis­ta dijo que en este año las aportacion­es per cápita serán de cinco mil 400 millones de pesos. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2010 a 2018, las aportacion­es federales presentan un crecimient­o promedio anual de 1.8 por ciento a tasa real. Para este año se aprobaron recursos que conforman una bolsa de más de 740 mil millones de pesos. “Es un problema de transparen­cia y de corrupción que no tiene que ver con la distribuci­ón de recursos, porque se destinan recursos de ciertos programas, pero se supone que esos recursos deben beneficiar a la población en general, pero hay desvió de recursos y se beneficia a ciertos grupos de personas que no es para el fin para el cual se distribuye­ron los recursos, como combatir la pobreza o mejorar las condicione­s en general”, afirmó. Por su parte, José Luis de la Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimient­o Económico (IDIC), coincidió en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger los recursos públicos y agregó la necesidad de emprender una reingenier­ía del gasto para mejorar su ejecución y alcanzar mejores resultados, sobre todo, ante la carencia recursos que enfrentará el erario en los próximos meses por los bajos ingresos petroleros y la caducidad de la reforma fiscal de 2014.

Se han identifica­do este tipo de desvíos, pero no hay un castigo ejemplar a todos los corruptos, el castigo principal ha sido el de deshabilit­ar a la persona para asumir cargos públicos, en vez de recuperar primero el dinero porque es un recurso, es una pérdida para el gobierno KRISTOBAL MELÉNDEZ ESPECIALIS­TA DEL CIEP

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Sol de Irapuato La cosecha del maíz del año pasado no dio los frutos que esperaban los productore­s de maíz/El
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