Indagan a servidores por muerte en Xcaret
CDMX. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una indagatoria contra servidores públicos involucrados en la integración de la carpeta de investigación de la muerte de un niño en el Parque Xenses, de Grupo Xcaret, para determinar si incurrieron en algún delito, luego de que el padre de la víctima denunció que fue presionado para agilizar la entrega de los restos de su hijo.
El pasado 1 de abril, el niño de 13 años fue succionado por un sistema de filtración mientras nadaba en una atracción acuática del Parque Xenses, en Playa del Carmen. El menor murió horas después en un hospital privado.
Su padre, Miguel Luna Calvo, acusó que tras la muerte de su hijo pasó más de cuatro horas en la fiscalía para que le entregaran el cuerpo. Además tuvo que firmar un perdón para agilizar el proceso.
La fiscalía de Quintana Roo, al mando de Óscar Montes de Oca Rosales, informó que ese mismo día inició un expediente en contra de servidores públicos de la representación social adscritos al municipio de Solidaridad, tras los señalamientos del padre sobre irregularidades en la actuación durante el inició y la integración de la
MIGUEL Luna señaló que condicionaron la entrega de los restos de su hijo a la firma de un perdón
carpeta de investigación por el probable delito de homicidio culposo.
De acuerdo a las declaraciones de Miguel Luna, los abogados de la fiscalía de Quintana Roo condicionaron la entrega de los restos de su pequeño a la firma de un “perdón” a Grupo Xcaret. Luna relató que tuvo que hincarse y suplicar al abogado.
TAPACHULA. Organizaciones agrupadas en el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunciaron diversas situaciones violatorias de los derechos humanos hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional, tras el despliegue de operativos de contención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército, el pasado 19 de marzo.
Dijeron que en este despliegue se observó la privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, además de espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca.
Acusaron que también ha habido detenciones de mujeres con bebés, niñas, niños, adolescentes y no acompañados, contrarias a la Ley de Migración vigente, en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y en el Centro de Atención Integral del Tránsito Fronterizo (CAIFT) de La Trinitaria.
Señalaron que existe absoluto desconocimiento y nula actuación de las procuradurías a cargo de la protección de niños, niñas y adolescentes y de los DIF ante la detención y privación de libertad de los menores y sus familias.
Destacaron la falta de acceso a la protección internacional, y a otras formas de regularización migratoria en México, de las víctimas de desplazamiento forzado.
Agregaron que los operativos, contrario a ser “rescates humanitarios'', como lo señala el INM son un despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención.