Decreto complicará la suficiencia alimentaria
CDMX. El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, solo complicará su plan de lograr la aut osuficiencia alimentaria, pues cerrará las puertas a las inversiones que ayuden al de sarrollo del sector agroalimentario, coincidieron analistas.
“El decreto hace todo lo contrario y la imagen de México se deprecia, no estará abierto a la tecnología o la inversión nacional y e xtranjera que busque impulsar el campo mexicano. De nada sirve que vengan las industrias con el nearshoring si no podemos retenerlas o no les brindamos lo necesario para poder operar”, aseguró en entrevista Luis Pérez Lezama, economista y director de Análisis en la consultoría Saver Thinktank Lab.
El pre sidente López Obrador dij o que su g obierno aún no ha podido garantizar la autosuficiencia alimentaria y por ello decidió implementar un plan para entregar fertilizantes a los agr icultores para agilizar la producción y no incrementar los precios.
México es el principal comprador de maíz amar illo estadounidense, de acuerdo con datos del Buró de Censos de EU, y en el decreto del gobierno no se menciona cómo se sustituirá la importación del maíz transgénico.
En el nuevo decreto publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se aplazó la importación y producción de glifosato, un herbicida utilizado en la agricultura, y estableció un periodo de transición que será entre el 14 de febrero del 2023 y el 31 de marzo de 2024 para que los productores busquen alternativas al uso del químico mencionado.
Agustín López Munguia, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, c omentó que el decret o es contradictorio y aseguró que el maíz tr ansgénico ni el glifosato son dañinos y que no han pr ovocado alguna crisis de salud en más de 30 años en Mxéico.
NUEVA CONTROVERSIA
El nuevo decreto que publicó el Ejecutivo federal orillará a México a enfrentarse a una nueva controversia comercial con EU, bajo los estándares del T-MEC, la cual se sumaría a la que tienen en el sector energético, en el que se acusa al gobierno federal de cerrar las puertas a las empresas privadas y dar preferencias a las estatales.