Mauricio Ramírez
Con la pandemia, la ciudadanía ha vivido la experiencia más estrecha de los últimos tiempos con el Estado, ya que depende algunas veces de vida o muerte en sus decisiones tanto económicas como de salud publica.
Sin embargo, 2021 será más desafiante aún, porque el escrutinio ciudadano y empresarial sobre la gestión pública crecerá por agudización que se vive de la pandemia y el empleo, al tiempo que la confianza se reducirá por cuenta del ambiente electoral.
No obstante el año pasado, los marcos jurídicos no fueron suficientes en para restablecer el interés y compromiso de los ciudadanos y las empresas en el desarrollo de la agenda pública (principalmente en la inversión), como tampoco para desintoxicar la percepción de los gobiernos acerca del potencial de las empresas como aliadas del crecimiento económico.
En México con la pandemia, se siente un antes y un después en las relaciones público privadas, especialmente en algunos sectores socioeconómicos. La incertidumbre propia de la pandemia y los efectos de la cuarentena sobre la economía generaron una nueva relación público privada.
La ciudadanía si y el gobierno no es más consciente del crucial papel que juegan las empresas en el desarrollo de la sociedad. Las empresas, por su parte, han sentido más el rol político regulatorio de las autoridades. Y los ciudadanos valoran hoy más a las empresas, y al menos están más atentos al desatino gubernamental.
A pesar de ello, llega 2021 con sus bemoles. La presión que tendrá el gobierno por la recuperación económica, el inminente inicio de las campañas electorales y la necesidad de las reformas estructurales que necesita la nación y la tensión pública que generará la crisis sanitaria condicionarán de forma extraordinaria el interés y la participación en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y las empresas.
Las empresas deberían profundizar su interés y capacidad por proponer marcos políticos, técnicos, regulatorios y legislativos; los ciudadanos deberían seguir organizándose para participar como agentes informados y no solamente apasionados en la construcción de políticas nuevas, y el Gobierno debería terminar de abrirse a la nueva realidad: las políticas públicas se tienen que hacer con los sectores impactados por las mismas. Esa gran lección nos deja la pandemia.