Juan Veledíaz
Quienes lo conocen desde sus tiempos de cadete en la Escuela Militar de Ingenieros no dudan en afirmar que el carácter del general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ha cambiado. Y no es para menos. La presión que hay sobre el comandante del Cuerpo de Ingenieros Militares que encabeza el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México, lo ha colocado en el punto crítico de especialistas en aviación, ingeniería civil, políticos de oposición y medios de comunicación.
El general Vallejo goza de buena reputación entre sus subordiandos y sus contemporaneos, pero las dudas sobre su papel al frente de uno de los grandes proyectos de infraestructura del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya han quedado documentadas.
El primer aviso llegó con el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que señaló la falta de planeación precisa y medida en la construcción del nuevo aeropuerto. La secretaría de la Defensa Nacional fiel a sus “usos y costumbres”, esgrimió que se trata de un asunto de “seguridad nacional” cuando clasificó la totalidad de información sobre el proyecto.
Durante la construcción la Sedena “no se apegó a la normativa establecida para la construcción de aeropuertos, establecida en la Ley de Aeropuertos y su reglamento; además, se verificó que la normatividad en materia militar no especifica las características y el procedimiento para construir un aeropuerto internacional o nacional con modalidad civil-militar, por lo que se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto” de estas características.
En el segundo año de construcción de la terminal aérea llamó la atención que la Sedena asegurara que no tiene por qué contar con “concesión o permiso” para la construcción del aeropuerto debido a que la base áerea donde se erige es de “su propiedad”. Sin embargo no pudo acreditarla, ya que no hay un docmento que afirme que el terreno donde se construye esta obra es propiedad de la dependencia.
La ASF llamó la atención sobre la falta de evidencia de una consulta a los comuneros afectados, lo que se ha traducido en una cadena de amparos de ejidatarios de los municipios donde se desarrolla la obra ante las expropiaciones y afectaciones en sus terrenos y comunidades.
Los cinco auditorias dadas a conocer a inicio de semana tienen en común la improvisación con la que se erige la obra, la falta de valorizaciones técnicas operativas avaladas por autoridades de aviación, y la nula atención a las necesidades de los comuneros.
La improvisación la ASF subrayó con la falta de previsión de los impactos, efectos y riesgos sociales que se generarían por la construcción y operación del nuevo aeropuerto.
Tampoco quedó establecido el mecanismo para que la Sedena informara sobre la forma en que se han ejercido los recursos públicos invertidos en la obra. La ASF encontró “diferencias” entre lo reportado en la Cuenta Pública 2019 y la información que la dependencia entregó.
Poco a poco se conocerán mas detalles de la operación del Agrupamiento de Ingenieros Militares “Santa Lucía”, quienes han hecho de la improvisación y la opacidad un modus operandi.