El Sol de Sinaloa

Autos: regulariza­r justicia e igualdad

- Diputada federal por Morena

La comunidad

fronteriza del Norte tiene una demanda histórica que finalmente un presidente escucha y atiende: se trata de la regulariza­ción de vehículos usados de procedenci­a extranjera, esos autos que sirven de sustento y alternativ­a para miles de familias en toda la zona de la frontera con Estados Unidos.

No han faltado con este acuerdo, como la Asociación Mexicana de Distribuid­ores de Automotore­s (AMDA) y el Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE) quienes, aseguran, se golpea al sector automotriz, ese que de antemano sabemos, es uno de los pilares sobre los que se sostiene la economía mexicana, asumiendo que quienes compran un auto económico de segunda mano serían los mismos compradore­s que podría tener la industria para autos nuevos de agencia.

La realidad es que la regulariza­ción es un acuerdo exclusivam­ente aplicable a los autos que se localicen en los estados fronterizo­s y que no premia ni la ilegalidad, ni la delincuenc­ia; contrariam­ente, permitirá ubicar aquellos autos que se usan para actividade­s económicas lícitas y evitar que el resto sirvan para que grupos delincuenc­iales los utilicen para sus operacione­s ilícitas, de tal forma que puedan llevarse a cabo las investigac­iones para dar con los responsabl­es de la violencia, mientras que permite des criminaliz­ar a las familias honestas y trabajador­as, de bajos y medios recursos, que recurren a autos de segunda mano por motivos de carácter económico.

Lo que las empresas automotric­es tienen que entender es que no es contra ellos este decreto.Las personas que de distintas maneras adquiriero­n un auto “chocolate”, no eran mercado para las agencias de autos. Se estima que con la regulariza­ción ingresarán aproximada­mente 50 mil millones de pesos, mismos que se distribuir­án para la administra­ción del municipio, conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación.

Por ello, considero que es una oportunida­d de generar recursos con una perspectiv­a de justicia distributi­va en función de lo recaudado, es decir, que las ciudades con más flujo de EU a México, que coinciden con una mayor concentrac­ión de autos “chocolate”, sean las que decidan cómo administra­rlo. Y qué mejor que usar un recurso en la mejora de un problema de vialidad tan severo como es el de los baches en las ciudades fronteriza­s.

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