Omisión del Congreso pone en jaque al INE
Los legisladores no han aprobado la ley secundaria del 134 constitucional sobre uso de programas sociales
CDMX.- El Congreso de la Unión no ha publicado la ley secundaria del artículo 134 sobre uso de programas sociales, gastos en comunicación social y promoción de informes de actividades, y este vacío legal derivará en un incremento de quejas y denuncias ante los consejeros y magistrados electorales, criticaron especiales en el tema.
“Todo lo que no está prohibido ni está contemplado puede ser realizado, pero sí puede poner en riesgo las condiciones de la competencia”, aseguró el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde.
Desde la reforma electoral de 2007, los legisladores debieron aprobar la Ley reglamentaria al artículo 134, sin embargo eso no ha pasado; y sigue esa omisión, la cual llegó a la Suprema Corte que discutirá este 15 de noviembre un amparo para obligar a los diputados y senadores a cumplir con este mandato.
CEL SOL DE MÉXICO
DMX.- A dos meses de iniciado, el proceso electoral se desarrolla en un vacío legal que provocará un incremento en las quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron exintegrantes del Consejo General del INE.
Dicho vacío legal tienen su origen en la falta de la ley secundaria del artículo 134 Constitucional sobre uso de programas sociales, gastos en comunicación social y promoción de informes de actividades, mismos que pese a tener una prohibición constitucional para que tengan un fin electoral, carecen de normatividad para clara de cuándo ocurre esto.
“Todo lo que no está prohibido ni está contemplado puede ser realizado, no es violatorio a la ley, pero sí puede poner en riesgo las condiciones de la competencia”, aseguró el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde.
Desde la reforma electoral de 2007 se ordenaba al Congreso federal publicar la Ley reglamentaria al artículo 134, sin embargo eso no ha pasado; incluso ya se aprobó otra reforma electoral y los legisladores siguen con esa omisión, misma que ya llegó a la Suprema Corte que discutirá este 15 de noviembre un amparo para obligarlo a diputados y senadores a cumplir con este mandato.
Esta omisión legislativa se ve en los recursos que partidos políticos interponen cada elección, pues en los últimos tres procesos electorales federales han crecido. Así, mientras en 2009 fueron 309, en 2015 llegaron a 534, y para el año entrante seguramente serán más.
FALLAS DE ORIGEN
El 5 de octubre pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que echó abajo los lineamientos que reglamentaban el uso de programas sociales y propaganda gubernamental durante el proceso electoral 2018.
La consejera Pamela San Martín Ríos y Valles se dijo sorprendida por esta sentencia, ya que por un lado, no era la primera vez que el INE (o su antecesor IFE) emitía lineamientos de este tipo; los hizo en 2009, 2012 y 2015 con aval del mismo Tribunal, que ahora, bajo el argumento de que estaban sobrepasando sus atribuciones, los desechó llanamente.
“Las reglas que habíamos emitido no sólo daban mayor equidad entre los contendientes, sino también permitían prevenir conductas indebidas al establecer de antemano que algo no sería permitido, ahora no estaremos en condiciones de frenarlo de antemano, sino que tendrá que ser caso por caso de acuerdo a lo que determinó el Tribunal”, consideró San Martín Ríos y Valles.
Estos lineamientos marcaban las siguientes prohibiciones: en periodo electoral ningún programa social podría operar sin reglas publicadas previamente, no se podrían crear nuevos programas sociales; el gasto en comunicación social sólo sería para promocionar políticas públicas (como de salud o educación), no para promocionar logros; y en el caso de los informes que por obligación deben de presentar servidores públicos, éstos no deberán de contener promoción personalizada.
Tras desechar estos lineamientos, queda vaga la línea de cuándo algún funcionario o gobierno cae en una acción violatoria de la ley y cuándo no.
“El INE tiene menos instrumentos de arbitraje en materia de regulación de la contienda electoral, y los candidatos y los partidos pueden hacer todo aquello que no está prohibido en la ley, más bien van a hacer cosas que no están contempladas en la ley”, explicó Luis Carlos Ugalde.
EL SISTEMA SE VA A SATURAR
El proceso electoral 2018 es el más grande en la historia de México. En él, estarán en juego más de tres 400 cargos de elección popular en 30 elecciones locales y una federal, por los cuales participarán alrededor de 70 mil ciudadanos.
Al combinar esas cifras con la falta de lineamientos sobre qué podrán hacer los gobiernos de los tres niveles de gobierno con recursos públicos es previsible que los partidos de oposición en cada una de las entidades comiencen saturen de quejas al INE o de juicios al Tribunal, sobrejudicializando el proceso según explicó Jesús Cantú, ex consejero del Instituto.
“No me preocuparía la judicialización, porque finalmente es una vía institucional para resolver cualquier tipo de conflicto, lo que sí me preocupa y mucho es que no se han tomado las medidas necesarias para atender con la oportunidad indispensable por el tipo de quejas que se puedan presentar por el gran número de elecciones que vienen”, aseveró.
Tras la reforma electoral de 2007, las violaciones a la ley electoral relacionadas con el artículo 134 (lo relacionada con propaganda y programas sociales) se resuelve a través del recurso llamado Procedimiento Especial Sancionador. Dicha figura fue ratificada por la reforma de 2014.
Estos Procedimientos han venido al alza cada elección federal, esto según los informes anuales de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Mientras que en 2009 se abrieron expedientes de 349 Procedimientos Especiales Sancionatorios, en 2012 (la última elección presidencial) fuero 386, y en 2015 llegaron a 534.
Este incremento impacta también al Tribunal, debido a que el INE tiene la atribución de mandar los Procedimientos a la Sala Especializada, instancia encargada de revisar las impugnaciones que presenten los partidos a los proyectos del mismo Instituto.
“Por un lado el INE va a tener que estar integrando los expedientes, pero por otro qué va a suceder con la Sala Especializada, tendrá la capacidad para atender tantas quejas que lleguen. En términos normales faltaría otra Sala Especializada, lo que yo me pregunto es que dado el número de puestos y candidatos en la contienda y los vacíos legales ¿se va a tener la posibilidad de resolverlos?”, añadió Cantú.
MÁS CONFLICTO ENTRE INE Y TRIBUNAL
Con tanto trabajo en los próximos meses, no será raro que las diferencias de interpretación de la ley entre el INE y el Tribunal se acrecienten. Aunque consejeros y magistrados niegan un pique, lo cierto es que en los últimos meses no están en la misma sintonía en la interpretación de la ley electoral, llevando a este vacío legal de cara a las elecciones
del próximo año. “Hay un problema que vemos entre el INE y el Tribunal derivado de que la legislación es de 2014.
No ha habido una elección presidencial donde se haya aplicado, el proceso de interpretación de la norma hay claros puntos de vista diferente de interpretación”, comentó Luis Carlos Ugalde.
El exconsejero presidente del IFE no descartó que en los siguientes meses veamos que mientras en el INE emita sanciones por ciertas acciones proselitistas, el Tribunal las eche abajo cuando les llegue por medio de impugnaciones.