Exmigrantes insisten en recibir “Bracero”
La mayoría ha fallecido, pero los que aún reclaman alcanzan montos de más de un millón de pesos
Exmigrantes adheridos a la Asamblea Nacional de Braceros, delegación Tlaxcala, ayer se manifestaron en la capital para exigir que el gobierno de la República les devuelva el 10 % del fondo descontado cuando trabajaron en los Estados Unidos (EE. UU.) mediante el entonces Programa “Bracero”.
José Sebastián Humberto Águila Pérez, oriundo de Acuamanala, detalló que eran alrededor de mil 200 braceros que trabajaron en la Unión Americana en los años 1942-1966, pero la mayoría de ellos ha fallecido, por lo que a la fecha la agrupación la comprenden 400 extrabajadores, hijos y viudas.
Exmigrantes adheridos a la Asamblea Nacional de Braceros, delegación Tlaxcala, ayer se manifestaron en la capital para exigir que el gobierno de la República les devuelva el 10 % del fondo descontado cuando trabajaron en los Estados Unidos (EE. UU.) mediante el entonces Programa “Bracero”.
José Sebastián Humberto Águila Pérez, oriundo de Acuamanala, detalló que eran alrededor de mil 200 braceros que trabajaron en la Unión Americana en los años 1942-1966, pero la mayoría de ellos ha fallecido, por lo que a la fecha la agrupación la comprenden 400 extrabajadores, hijos y viudas.
Explicó que aquel programa operó gracias a un acuerdo firmado entre el gobierno mexicano y de EE. UU., donde les descontarían ese porcentaje para que, a su regreso, les fuera entregado, pero ya han pasado varias décadas y no han recibido un solo peso.
Sentenció que según las evidencias que ha recabado la organización, a lo largo de 24 años, EE. UU. otorgó al menos cinco millones de contratos a mexicanos para trabajar en ese país y descontó ahorros que les devolverían al regresar.
Por ello, el monto de la deuda a nivel nacional ronda entre los 750 millones y mil millones de dólares, sumados los intereses generados.
Águila Pérez sostuvo que tan solo su adeudo alcanza el millón de pesos, pero el recurso para el pago ni siquiera lo tienen previsto en el presupuesto nacional, por lo que siguen peleando por obtenerlo a través de las vías legales.
“Ya les hemos ganado dos amparos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que nos deben pagar, pero el argumento del gobierno federal es que no tiene dinero, así que se trata de un desacato judicial, por ello pedimos el apoyo del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez”, sostuvo.
Por último, comentó que el fraude se ha fraguado entre el gobierno mexicano, instituciones bancarias implicadas y EE. UU., pues a lo largo de varias décadas el dinero “simplemente despareció, y esa acción es en agravio de los campesinos que trabajaron en los surcos norteamericanos”.