Autonomía e independencia, responsabilidad de todos
La autonomía, independencia y eficacia
de las instituciones son factores relevantes en la agenda pública, y fundamentales para que nuestro país consolide una administración pública eficiente, libre de manipulación o imposición por parte de la élite política.
Afinales del siglo 20, luego de reiteradas crísis económicas, abusos de poder y reclamos ciudadanos de una democracia efectiva, el gobierno se vió obligado a crear órganos constitucionales legalmente autónomos como el Banco de México, el entonces Instituto Federal Electoral -ahora Instituto Nacional de Eleccioneso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Poco a poco, hemos vivido el proceso de traslado de facultades que era exclusivas del Poder Ejecutivo hacia entidades autónomas y especializadas. Esto, representa un avance importante para la democracia mexicana, sentando las bases de un sistema de pesos y contrapesos. Equilibrando la división de poderes y, al mismo tiempo, empoderando a los ciudadanos.
Uno de los casos más trascendentes de autonomía en nuestro país es el Banco de México, institución que tiene la misión de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Lo que ha permitido que la nación goce de una política monetaria responsable, con mayor control de la inflación y un mejor desempeño en entornos críticos, como en la recesión de la década anterior, en 2008.
Ahora bien, una institución se fortalece o se disminuye por las personas que las dirigen. Debido a ello, es prioritario establecer un servicio profesional de carrera eficiente para dejar fuera los compadrazgos y amiguismos que afectan el desempeño y pervierten la independencia, subordinando las decisiones i n s t i t u c i o nales a intereses político-partidistas.
Este proceso se ha dado con tropiezos, simulaciones, omisiones o excesos que han valido críticas de organismos internacionales y de la población en general. Por ello, desde la Coparmex alzamos la voz ante las decisiones autoritarias que se toman al margen de la ley y que ponen en riesgo a las instituciones democráticas y autónomas de nuestro país, ya que afectan la estabilidad y el desarrollo económico de México.
En este sentido, basta mencionar que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora -propuesto en 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto mientras ocupaba el cargo de embajador en Estados Unidos-, en octubre de este año dio entrada a una controversia constitucional que suspende las investigaciones por corrupción del Gobierno de Chihuahua contra funcionarios federales involucrados en el caso de César Duarte.
De igual forma, en 2017 el Senado aprobó la propuesta del Ejecutivo federal para nombrar a Paloma Merodio como Vicepresidenta del INEGI, postulación señalada como irregular debido a que no cumplía los requisitos previstos en la Ley; sembrando así la duda de parcialidad en el quehacer de la institución.
O bien, cuando fue reformada la Constitución para transformar la PGR en Fiscalia se añadió un transitorio para que el titular del momento fuera en automático designado como fiscal. Lo que provocó la renuncia del entonces procurador
Poco a poco, hemos vivido el proceso de traslado de facultades que era exclusivas del Poder Ejecutivo hacia entidades autónomas y especializadas. Esto, representa un avance importante para la democracia mexicana, sentando las bases de un sistema de pesos y contrapesos. Equilibrando la división de poderes y, al mismo tiempo, empoderando a los ciudadanos.
Raúl Cervantes en medio de una gran polémica pública, lo que ha mantenido, por 12 meses, a la PGR sin titular.
En Tlaxcala, basta mencionar el caso del Fiscal Anticorrupción, que recientemente fue nombrado directamente por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre los funcionarios del Ministerio Público a su cargo. Situación que deja dudas sobre la imparcialidad y objetividad en su labor.
La manera de evitar que existan más casos como los aquí mencionados, es dotar de una verdadera independencia a las instituciones para erradicar la dependencia del poder político-partidista. Además, las instancias autónomas deben ser eficientes, austeras, transparentes y rendir cuentas claras a la ciudadanía. Sólo así se puede acabar con la imagen pública que las vincula a casos de corrupción, baja productividad, dispendio, opacidad y parcialidad en la toma de decisiones.
Ante este contexto, en la Coparmerx impulsamos la iniciativa ciudadana #REFORMA102, una propuesta que busca modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para -entre otras cosas- sustituir a la Procuraduría General de la República por una Fiscalía General de la República moderna, autónoma del Poder Ejecutivo, con titulares con alto perfil profesional, experiencia e independencia.
Contar con una Fiscalía independiente, es un paso claro y contundente para mejorar el Estado de Derecho, creando una instancia de procuración de justicia que sirva con autonomía, eficacia e independencia.
En el sector empresarial sabemos que esto requiere un alto grado de responsabilidad ciudadana, por eso, desde nuestra trinchera fortalecemos la democracia participando y exigiendo que las instituciones y los gobiernos cumplan eficazmente y con transparencia su mandato, dejando de lado la simulación.