Regionalización del crimen en el proceso electoral
Apesar de que al menos un recurso de inconstitucionalidad, ya fue interpuesto en contra de la Ley de Seguridad Interior y aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, continuan. Haciendo un pronóstico positivo, respecto de la viabilidad de ese ordenamiento jurídico, es muy probable que en un mes éste haya sido aprobado. Y con ello, se tratará un recurso jurídico que contará con el aval de los tres Poderes de la Unión, lo que a su vez significaría un buen mensaje político e institucional en medio de la natural polarización que se da en las campañas electorales.
Mientras tanto, la violencia criminal sigue en aumento. Sea en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Colima, Sinaloa, entre otros Estados de la República, comenzaron 2018 en medio de cruetos acontecimeintos. A unas semanas de que se inicie de manera formal el proceso electoral en todo el país, así como de las 29 competencias locales, queda claro que la exposición y posibilidad de agresiones de las bandas criminales a los candidatos, equipos y estructuras de campo de los partidos políticos, es parte central de las preocupaciones de las autoridades electorales locales y federales.
Ya hemos conocido de casos recientes en donde la capacidad destructiva del crimen organizado es tal, que ha sido capaz de impedir la realización de las campañas y po supuesto, de los comicios. Los efectos que tiene esto sobre el conjunto de las instituciones, de ninguna manera puede soslayarse o menospreciarse. Sobre todo, por que la autoridad que se ejerce por mandato de las leyes, depende de manera unívoca de la competencia democrática y por lo tanto de su base de legitimidad. Al no haber autoridades electas en condiciones de normalidad cívica, se produce un sustancial retroceso en cuanto a las capacidades del Estado para garantizar la dinámica social, en el sentido más amplio de la expresión.
Para tratar este tema de la cohesión y funcionamiento de los sistemas sociales bajo presión, la editorial siglo XXI, recién publicó la obra Lo que nos une de François Dubet. La tesis central del trabajo es que mientras existan condiciones compartidas y aceptadas por los sistemas sociales afectados, será más fácil o al menos se darán mejores condicioens para procesar esa variables que han alterado el funcionamiento del propio sistema. En el caso de nuestro país, debe atenderse en serio y a fondo, las cuestiones de por qué algunas partes, regiones o amplias zonas de la geografía, son más o menos propensas a la aceptación convivencia y proliferación de las actividades crimnales. Claro que hay explicaciones, que una vez obtenidas estaremos en condiciones para diseñar las medidas para la corrección, primero y luego, para la prevención.
Las posibilidades están dadas para evitar que la criminalidad imponga sus reglas en la competencia democrática. No basta ennunciar la coordinación como mero formulismo. Es indispensable plantear y realizar acciones que prevengan los asaltos y acciones violentas contra del ambiente por la competencia por el voto.
La violencia criminal sigue en aumento. Sea en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Colima, Sinaloa, entre otros Estados de la República, comenzaron 2018 en medio de cruetos acontecimeintos.