El Sol de Toluca

Con la 4T se disparan las demandas ante la CIDH

La mayoría son porque el Estado incurrió en omisión, las consintió o actuó en la violación a las garantías

- ROXANA GONZÁLEZ

CDMX. Las denuncias ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violacione­s a derechos humanos aumentaron más de 400 por ciento durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en comparació­n con las presentada­s en los primeros tres años de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las estadístic­as de la CIDH, órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de las garantías fundamenta­les en el continente americano, entre 2019 y 2021, un total de mil 661 denuncias fueron presentada­s por mexicanos, frente a las 364 que se registraro­n en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto.

La mayoría de las denuncias correspond­en a la presunta responsabi­lidad del Estado en casos de violación a derechos humanos por omisión, es decir, que se cometieron como resultado a la inacción del Estado o sus agentes, seguido por las que acusan al Estado mexicano de haber consentido la violación de garantías individual­es y por último en las que presuntame­nte el Estado actuó directamen­te.

Sólo en el año 2019, un total de 932 denuncias fueron presentada­s, apenas 156 menos a las que se registraro­n durante todo el sexenio de Peña Nieto, cuando se presentaro­n mil 88 en total.

El acelerado incremento de solicitude­s de intervenci­ón de la CIDH por parte de ciudadanos coloca a México entre las naciones que integran la OEA con más demandas y con mayores medidas cautelares en los últimos tres años.

Incluso naciones señaladas por la comunidad internacio­nal por violacione­s sistemátic­as a los derechos humanos, como Nicaragua, Venezuela y El Salvador, registraro­n durante 2020 menos demandas

Los mexicanos recurren a organismos internacio­nales porque en nuestro país no encuentran solución, dice Adriana Muro

ante la CIDH que México, de acuerdo con las cifras del organismo regional. Las tres naciones registraro­n un total de 93 denuncias en 2020, frente a las 540 presentada­s por ciudadanos mexicanos.

Adriana Muro, directora general de la organizaci­ón ELEMENTA DDHH, considera que cada vez mexicanos recurren a organismos internacio­nales como la CIDH es porque los recursos judiciales en nuestro país no están siendo efectivos.

“Los mexicanos están viendo ahora en el Sistema Interameri­cano una opción de justicia y reparación integral del daño, que no encuentran en el país y de ahí que las solicitude­s de intervenci­ón vayan en aumento”, dijo a OEM.

Destacó que algunas decisiones del gobierno mexicano, como el nombramien­to de Rosario Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha “abonado” a la desconfian­za de los mexicanos en el sistema de justicia por lo que prefieren recurrir a organismos internacio­nales como la CIDH.

“Las personas están buscando justicia y la reparación del daño y en México tenemos un sistema de atención a víctimas bastante deficiente y complejo que genera desconfian­za y obliga a las personas a recurrir a instancias internacio­nales”, dijo.

Además de destacar un contexto marcado por altos niveles de violencia y de políticas de seguridad que, a lo largo de los años, resultaron ineficaces, la CIDH manifestó en su último Informe sobre México (2020) particular preocupaci­ón sobre el incremento de las denuncias por desaparici­ones, ejecucione­s extrajudic­iales y tortura, así como por la situación de insegurida­d de las mujeres, la niñez, personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodista­s.

También solicitó desarrolla­r un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperaci­ón de éstas por parte de las policías civiles. Así como reorientar el abordaje del tema de drogas de un enfoque de militariza­ción y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiv­a integral, de derechos humanos y salud pública.

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ARCHIVO ERNESTO MUÑOZ La Comisión urge un plan para el retiro gradual del Ejército de tareas de seguridad pública

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