LA RESPONSABILIDAD
Aumento de la conectividad, menor tiempo y acceso a servicios de salud, educación y otros, ofrece la decisión
CDMX. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), formalizó la expropiación de 198 terrenos en Quintana Roo para el Tramo 5 del Tren Maya.
La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una declaratoria de causa de utilidad pública mediante la que anunció la expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados, equivalentes a unas 240 hectáreas en total, de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.
“Se declara de utilidad pública el desarrollo del Proyecto Tren Maya, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, que se materializará en la construcción de obras de infraestructura.”
El pasado 8 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó a la Sedatu comenzar las gestiones por cualquier razón legal para adquirir el terreno.
De acuerdo con la declaratoria, el tramo beneficiará a más de 1.3 millones de personas que actualmente habitan y trabajan en dichos municipios.
“El aumento de la conectividad en la zona creará la posibilidad de que su población cuente con mayor acceso y en menor tiempo posible a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios que se prestan en los principales centros de población”, indica el documento.
Recientemente, el organismo encargado del proyecto atendió a solicitudes de grupos sociales y privados, como la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, para realizar un nuevo trazo y no afectar la infraestructura hotelera.
De acuerdo con datos de Fonatur, hasta octubre se habían interpuesto 25 amparos contra de la construcción del Tren Maya, con el apoyo de 327 personas, la mayoría de ellos en Campeche y Yucatán.
Consultado sobre la estrategia de lidiar con estos amparos y si se esperan más expropiaciones, el Fonatur dijo a este diario que por el momento no tenía comentarios.
La decisión de expropiar los terrenos se tomó con base en el artículo 27 de la Constitución: “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas, a los particulares, constituyendo la propiedad privada y que las expropiaciones solo podrán hacer por causa de utilidad pública mediante indemnización”.
La Sedatu tendrá que notificar personalmente a los titulares de cada inmueble afectado sobre la resolución y en caso de ignorarse esta información deberá realizar una segunda publicación en el DOF a fin de informar a los propietarios.
Los particulares afectados con esta requisa, tendrán un plazo de 15 días a partir de la segunda notificación para manifestar a la Sedatu las pruebas que acrediten su derecho.
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