PODER JUDICIAL
El plazo para responder vence el 20 de noviembre
Se busca delimitar el tema jurídico y administrativo, y
se cuida cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que le dice al juez que el procesado debe estar en el lugar de la causa penal y el sentenciado en un lugar más cercano a su domicilio.
Blanca Sánchez Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), informó que realizan un análisis jurídico “minucioso” de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El plazo para responder vence el 20 de noviembre, por ello no quiso adelantar si la aceptarán o no.
No obstante, aclaró que no le gustaría tener que acudir al Senado de la República para explicar la no aceptación.
La magistrada explicó que en el estudio que realizan se busca delimitar el tema jurídico y administrativo, además de cuidar que se cumpla con la Ley Nacional de Ejecución Penal que le dice al juez que el procesado debe estar en el lugar de la causa penal, y el sentenciado en un lugar más cercano a su domicilio.
Aunado a lo anterior, la representante del Poder Judicial enlistó una serie de aspectos que deben cuidarse en caso de aceptar, entre los que resalta que el Tribunal Superior de Justicia no tiene a su cargo el sistema penitenciario, y al cambiarlos de cárcel habría un riesgo cada vez que deban ser trasladados a sus audiencias.
Los reclusos necesariamente deben enfrentar su proceso en el lugar de la causa, por lo que cada vez que tuvieran audiencias deben ser trasladados, ya sea del centro de Tizayuca, Zacualtipán o bien Atotonilco el Grande, que son las cárceles municipales que fungen como reclusorios.
Comentó que si bien la resolución no obliga, pero sí dice pudieran utilizar medios digitales, aquí expuso que no es una cuestión fácil, porque “deben ser medios oficiales con un sistema oficial el día que en algunas ocasiones se ha hecho con Ceferesos y se tuvo que rentar un sistema oficial que se paga en dólares, y el Tribunal no podría solventar el gasto”.
La situación legal de los reclusos es otro punto que debe analizarse, ya que en caso de haber alguno que esté amparado no podrá ser trasladado, porque eso generaría una destitución del juez. “No vamos a poder desacatar órdenes federales, requiere un estudio jurídico profundo de cada causa penal, de cada persona para no meternos a una situación de no por cumplir; voy a buscar una destitución de jueces y la mía”, expresó.
De ahí que insistió en que debe delimitarse el tema administrativo del jurisdiccional, considerando que el TSJ no tiene a su cargo el sistema penitenciario.