Brasil: ola de arrestos por corrupción
Cae el dueño del gigante cárnico JBS y dos exministros de Dilma Rousseff y vinculados al actual presidente
SAO PAULO, Brasil. La policía brasileña detuvo al dueño de la gigante cárnica JBS, Joesley Batista, y a dos exministros de Agricultura en el marco de una operación vinculada a la investigación anticorrupción Lava Jato.
En total fueron decretados 19 mandatos de prisión temporal y 64 allanamientos en cinco estados.
El operativo apunta a "desarticular una organización criminal que actuaba en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa)", informó la Policía Federal (PF).
Además de Batista, que el año pasado fue detenido y llegó a un acuerdo de "delación premiada" que estuvo a punto de derribar al presidente conservador Michel Temer, fueron detenidos dos exministros, varios exejecutivos de JBS, un diputado, abogados y exfuncionarios del Mapa.
Los exministros de Agricultura detenidos son Antonio Andrade (actual vicegobernador de Minas Gerais) y Neri Geller (diputado federal electo), que ocuparon el cargo entre 2013 y 2014. Ambos eran en ese momento del MDB, el partido de Temer, aliado en ese entonces del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff.
Según las investigaciones, JBS -propiedad de los hermanos Joesley y Wesley Batista- sobornaba a funcionarios del Mapa a través de intermediarios políticos, para obtener beneficios en la aplicación de normativas y la atribución de licencias comerciales.
Esos sobornos daban a JBS ventajas frente a sus competidores y le posibilitaban "la constitución de un monopolio de mercado", indica el documento de la PF. La PF de Minas Gerais (sudeste) precisó en rueda de prensa que esa organización funcionó entre 2014 y 2015.
En otro tema, la Corregiduría General de Justicia de Brasil, organismo que supervisa las actuaciones de los magistrados, abrió una investigación sobre el
nombramiento del juez Sergio Moro -quien condenó a Luiz Inacio Lula da Silvacomo futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Moro, quien aceptó ser ministro del gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro tras dirigir por cuatro años la Operación Lava Jato, que envió a prisión a decenas de empresarios y políticos, fue cuestionado ante la Corregiduría por entidades, partidos políticos y ciudadanos que lo acusan de ser parcial en sus sentencias.