Diálogo y acuerdos, único camino
La división de poderes implica contar con instituciones sólidas que le dan viabilidad de largo plazo al Estado. Tienen una razón de ser y existir que ha probado ser la mejor forma de organizarnos como sociedad. Esta configuración nos permite ocuparnos de los temas relevantes y no de las grillas ideológicas, poniéndonos de acuerdo sobre cuáles son los mejores caminos para que todos los mexicanos tengamos la misma oportunidad de crecer y ser felices.
Por eso necesitamos contar con un Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República. A él le toca la administración pública ejecutando los programas establecidos como consecuencia de las propuestas que nos ofrecieron en las elecciones y por las cuales les dimos nuestro voto.
Necesitamos también un Poder Legislativo formado por legisladores, personas que nos representan en los Congresos locales y federal, para crear leyes que estén encaminadas a resolver los principales problemas que enfrentamos como sociedad en su conjunto y con una perspectiva de bien común.
Por último, el Poder Judicial, sin el cual, como en una mesa con tres patas, nuestro sistema político quedaría desequilibrado. Este es un poder encabezado por los jueces y magistrados que le dan viabilidad de largo plazo a nuestra vida en común y garantizan que cumplamos con las leyes y normas que son el contrato que nos permite vivir de forma civilizada y sin el cual esto sería la ley de la selva.
Sin una correcta separación de poderes y sin instituciones sólidas, nuestro país y nosotros como ciudadanos corremos el riesgo de quedar atrapados de nuevo en una regresión hacia la época del partido-Estado en manos de un grupo político único con una visión única que necesariamente desembocará en un enorme retroceso en relación con el camino para alcanzar la democracia plena.
En Coparmex como empresarios que somos, sabemos que puede haber muchas formas de administrar, unas más eficientes otras menos eficientes; unas que prueban ser exitosas y otras que prueban ser desastrosas.
Sabemos bien que las empresas o instituciones sólidas se mantienen en el tiempo y si queremos que nos trasciendan debemos dejarlas bien institucionalizadas.
Cuando un Presidente que encabeza el Poder Ejecutivo pretende que una ley sea promulgada “sin moverle ni una coma”, a pesar de ser anticonstitucional, violando tratados internacionales, afectando contratos con empresas nacionales y transnacionales, naturalmente se va a topar con otro de los poderes, aquel que es el garante de nuestra Constitución y del cumplimiento de la ley.