Avanza iniciativa de Fiscalía estatal
Hidalgo es uno de los dos estados del país que aún cuenta con una Procuraduría General de Justicia
El presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Víctor Osmind Guerrero Trejo, aseguró que avanza la iniciativa para transformar la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en fiscalía, por lo cual esperan que se logre esa modificación constitucional.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) refirió que ya recibieron los dictámenes técnicos por parte de la PGJEH, así como de otras instituciones, por lo que esperan que en las siguientes semanas se logre la transformación institucional.
De acuerdo con el representante del distrito de Zimapán, antes de que concluya la actual legislatura se logrará la aprobación de la reforma constitucional local que modificará la procuraduría, por lo que contará con mayores facultades y atribuciones, así como más recursos e independencia.
Recordó que Hidalgo es junto con Tlaxcala las únicas entidades del país que aún no tienen fiscalías estatales, por lo que al transformar a esta institución se logrará una mayor autonomía e independencia que permitirá una mayor capacidad de procuración de justicia en la entidad.
Añadió que también se integrará un candado para que la persona que sea el nuevo fiscal estatal sea independiente y no sea elegido mediante favores políticos, por lo que priorizarán perfiles con trayectoria, experiencia y estudios académicos previos que respalden la capacidad para hacerse cargo de la fiscalía estatal.
Asimismo, enfatizó que la institución modernizará la capacidad de actuación en la atención de justicia en la entidad, por lo que debe tratarse de una institución con autonomía suficiente que garantice un mejor mecanismo de servicio.
De la misma manera, consideró que todos los integrantes de la comisión están a favor de la transformación de la procuraduría estatal para que Hidalgo no siga rezagado y se pueda garantizar el funcionamiento de una institución más sólida en el estado que pueda incluso proceder contra con los agentes gubernamentales que incurran en acciones ilícitas.