ONG asesoran contra padrón de celulares
Ayer se presentaron los primeros amparos frente a la medida que obliga a entregar datos biométricos
Luego de que el sábado pasado entró en vigor el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, abogados y organizaciones civiles asesorarán a los ciudadanos que no quieran entregar al gobierno sus huellas dactilares, rostro e iris. Especialistas entrevistados por
explican que hay dos formas de frenar la medida legal aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso.
El primero es para impedir que la reforma aplique en lo individual y consiste en que cada usuario de telefonía celular presente un juicio de amparo indirecto para evitar entregar sus datos personales y biométricos al momento de comprar un equipo, o bien, por el simple hecho de ya contar con uno. En este caso, lo primero que deben hacer es buscar asesoría legal para redactar la demanda de amparo y luego tramitarla ante un juez de distrito en materia administrativa.
Asociaciones de abogados y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) se dijeron dispuestos a orientar de manera gratuita a la ciudadanía a través de plataformas y ventanas en Internet para tramitar dicho amparo.
Recomendaron a los usuarios que ya cuentan con un celular a no entregar sus datos.
Incluso ya circula en Internet un formato o machote de amparo indirecto que el ciudadano solo necesita llenar con su información.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Roberto Julio Chávez Delgado, detalló que el propósito de generar un amparo indirecto es solicitar la inconstitucionalidad de una ley que trasgrede los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, ya que son violaciones que afectan la seguridad jurídica de los ciudadanos, su derecho a la intimidad y a la libertad.
Recordó que hay instituciones que ofrecen defensa jurídica gratuita como el Instituto Federal de Defensoría Pública, además de asociaciones y barras que pondrán a favor de la ciudadanía estos instrumentos jurídicos.
El despacho Trusan & Roma Abogados presentó ayer las primeras demandas a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el controvertido padrón.
En Guanajuato, el activista irapuatense Joan Antonio Ochoa Sada también tramitó un amparo y puso a disposición de la ciudadanía las redes sociales de su organización Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos para las personas interesadas en ser orientadas para ampararse.
INCONSTITUCIONALIDAD
Existe otro mecanismo legal para combatir la creación del padrón de usuarios de celular. Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la R3D, indicó que los ciudadanos tienen que exigir al Inai y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tratarse de una medida violatoria de los derechos humanos.
“En la R3D nos estamos organizando para que las personas puedan enviar sus peticiones a estos organismos de manera directa”.
Finalmente, el Inai ya se ha pronunciado sobre el tema advirtiendo que el registro de datos biométricos podría representar riesgos para la protección de los datos personales. Sin embargo, la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra , cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha guardado silencio.
Chicanada
La pretensión del Senado de reformar la Constitución mediante un artículo transitorio en el decreto de aprobación de las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la de Carrera Judicial del propio PJF, muestra el desprecio del gobierno por las leyes y las instituciones, en todo aquello que limite el poder que ha acumulado el presidente de la república.
No hay sorpresa. Es parte de cumplimiento una de la promesa del candidato Andrés Manuel López Obrador de mandar las instituciones al diablo: las que le restan poder (organismos autónomos, por ejemplo) y en venganza contra las que se siente agraviado.
No se requiere ser jurisconsulto (con haber aprobado un curso de comprensión de lectura en la primaria y uno de introducción al derecho o algo similar en el bachillerato, es más que suficiente) para entender que la Constitución mexicana no puede ser reformada mediante un artículo transitorio de una ley secundaria, y que ese procedimiento implica iniciativa de reforma, discusión, aprobación por mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en por lo menos la mitad más uno de los congreso locales. Si usted no cursó ninguna de las materias de arriba, pues lea el artículo 135 constitucional, correspondiente a las reformas a la propia Constitución.
El artículo transitorio de marras pretende modificar (falta la aprobación de la Cámara de Diputados) los artículos 97 y 100 constitucionales en lo relativo a la duración de los encargos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal por dos años más al cumplir sus actuales periodos constitucionales.
El hecho puede tener diversas interpretaciones: una grosera agresión, en el mejor (es un decir) de los casos, del Poder Legislativo al Judicial; sentar un precedente para modificar la Constitución de manera "expedita" para ampliar el periodo del gobierno del presidente de la república (la reelección, también prohibida, sería otro cantar); proteger, a través del presidente de la SCJN, las reformas y proyectos de la llamada Cuarta Transformación contra los que se han interpuesto amparos y otros recursos legales que debe resolver la Corte (nuevo aeropuerto de Santa Lucia, Tren Maya, Guardia Nacional, salarios de funcionarios públicos, sistema eléctrico nacional y producción de energías alternativas, seguramente el nuevo padrón de usuarios de telefonía celular, entre muchas otros) y cuya programación depende de su presidente.
Los ministros de la SCJN y los miembros del Consejo de la Judicatura saben absolutamente que ese artículo viola la Constitución, que es una insensatez jurídica (y política, también). Y se han quedado callados, pese a que sus subordinados (los jueces) ya han advertido el despropósito. Los otros diez ministros de la Corte saben ya, por voz del presidente de la república, que ninguno de ellos es capaz y confiable para aplicar la nueva ley.
Se apuesta a que la Cámara de Diputados no aprobará tal artículo y algún diputado del partido oficial ha dicho que no pasará. Lo cierto es que el Congreso de la Unión no le mueve "ni una coma" a las iniciativas presidenciales por órdenes del presidente. Así que, si lo ordena, se aprobará.
En resumen, dirían los abogados, una auténtica "chicanada" con pretensiones y consecuencias muy graves.
YA CIRCULA un formato de amparo que el ciudadano sólo necesita llenar con su información