Pedro Luis Noble
El Instituto Nacional Electoral es desde el 2014 en que fue creado a través de una reforma constitucional, el organismo público autónomo facultado por mandato de ley para regular los procesos electorales en México.
Como precedente inmediato existe la figura del extinto Instituto Federal Electoral que a partir de 1990 condujo estas actividades de regulación en la materia durante 24 años, con un legado abiertamente demócrata que posibilitó la primera alternancia electoral en la elección presidencial del 2000. La conformación actual del INE se integra a través de un Consejo General compuesto de 10 Consejeros Electorales y un Consejero Presidente, siendo el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, el actual titular y quién cuenta con voto de calidad frente a determinadas votaciones llevadas a este pleno. Obran también las figuras orgánicas de la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, el Órgano Interno de Control, entre otras.
El respeto al Estado de derecho como modelo de orden es uno de los preceptos mayormente observados por el INE. En cada proceso de elecciones en territorio mexicano, el INE construye una sinergia con los denominados “OPLES”, organismos públicos electorales de naturaleza estatal, en aras de patentizar la observancia irrestricta a la estructura del sistema jurídico vigente. Igualmente, el INE interviene en otros procedimientos de participación ciudadana como las Consultas Populares, Revocaciones de Mandatos e Iniciativas Ciudadanas. Cuenta también con atribuciones para tomar parte activa en los procesos electivos de las dirigencias de partidos políticos, a solicitud expresa de estos y por supuesto haciendo uso del Registro Federal de Electores, expide la Credencial para Votar, que es la identificación oficial de identidad con mayor curso de uso en la sociedad mexicana.
Hoy en día, el actual INE ha recibido una serie de facultades en materia de fiscalización sobre los partidos políticos y candidatos que se ligan también a nuevas obligaciones en rubros como la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo que concierne a la fiscalización, a través de una Unidad Técnica especializada, revisa el origen, monto, destino y aplicación de los recursos económicos con los cuales los partidos políticos y los candidatos independientes obtienen sus financiamientos, buscando que estos sean empleados de forma lícita en el marco de la normatividad aplicable.
En la sociedad mexicana podremos constatar abiertamente la modernización del Instituto Nacional Electoral por cuanto, a su infraestructura logística, de seguridad y por supuesto de servicios se refiere.
Hoy por hoy tenemos una autoridad electoral garantista de todos los derechos políticos y su quehacer normativo privilegia la competencia directa entre iguales para beneficio de la democracia mexicana. Frente al futuro es innegable que el INE deberá seguir siendo un arbitro con toda la legitimidad que le confiere la Constitución y sus leyes secundarias.
Privilegiemos todas y todos la vida y la utilidad del INE en favor de nuestra democracia plena y participativa, una democracia madura como la mexicana que ha alcanzado sin duda alguna transiciones lo mismo del centro a la derecha como del centro a la izquierda.
No permitamos la puesta en riesgo de una institución fundamental para la vida política de México desde su autonomía e imparcialidad electoral que ha cumplido sobradamente con el país y con sus ciudadanos.