Bienestar desaira propuesta de servicios desde Segob
En aras de la austeridad y de la consolidación del Estado “todopoderoso” que enarbola la ideología de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve la contratación de bienes y servicios entre las propias dependencias públicas, por ejemplo, los contratos de suministro de gasolina directamente con Pemex, o los servicios de seguridad en inmuebles con el Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no todas la dependencias o secretarías de Estado siguen al pie de la letra las indicaciones del Ejecutivo federal, tal es el caso de Bienestar de Ariadna Montiel, quien acaba de asignar un contrato por casi 500 millones de pesos a un privado para la impresión de los promocionales de sus programas sociales, lo anterior a pesar de que en el proceso licitatorio presentó oferta la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México.
La impresora que depende de la Secretaría de Gobernación fue descalificada en la primera etapa del concurso LA-020000999-E32-2022, celebrado el pasado 8 de junio; la razón fue simple: no firmó de manera electrónica los documentos que ingresó como oferta a la plataforma Compranet, por lo que su propuesta técnica ni siquiera fue analizada y tampoco fue revelado el contenido del sobre electrónico en el que plasmaba su presupuesto. Las condiciones en que fue desechada la propuesta de Talleres Gráficos de México son sospechosas, pues no se entiende cómo es que experimentados funcionarios públicos, en seguimiento a una indicación presidencial, olvidaron completar un trámite básico de los procesos de compras. Pero el tema se vuelve todavía más extraño si se considera que la ganadora fue una pequeña firma que ha incrementado exponencialmente sus ingresos durante esta administración.
Impresores en Offset y Serigrafía SC de RL de CV fue la razón social adjudicada con el contrato para suministrar el “Servicio de Impresión para la Promoción y Operación de los Programas para el Bienestar”, éste por un monto exacto de 479 millones 875 mil 919 pesos, en un plazo que culmina el 31 de diciembre de 2022. Está amparada nada más la impresión de folletos para los programas dirigidos a Adultos Mayores y a las Personas con Discapacidad.
La mencionada empresa, cuyo representante legal es Gerardo Buenrostro Romero, se constituyó el 13 de marzo de 2001, pero sus contratos con el sector público, en casi 20 años de operación, nunca superaron los 20 millones de pesos, la bonanza llegó con el gobierno de AMLO. En agosto de 2020, la Secretaría del Bienestar, entonces de María Luisa Albores, le asignó su primer contrato de impresión de folletos por casi 400 millones de pesos, y en 2021
Javier May le recetó otro muy similar.
El combo de contratos que superan por mucho los mil millones de pesos amerita una revisión a los procedimientos de licitación y adjudicación, y por supuesto a los niveles de atención que se está dando a las indicaciones de López Obrador.