México: cooperación en materia migratoria
El 12 de octubre pasado, el Gobierno estadounidense anunció un nuevo procedimiento de control migratorio, cuyo objetivo es reducir el traslado irregular de población venezolana a su frontera sur. El número de personas de esta nacionalidad detenidas por autoridades de la Unión Americana, de octubre de 2021 a agosto de 2022, fue de más de 150 mil.
En la frontera norte de México se estima que hay por lo menos 22,500 personas migrantes de Venezuela, repartidas en los estados de Chihuahua, Baja California y Coahuila, las cuales buscan llegar a Estados Unidos. En este contexto, el Gobierno de EUA comenzó la deportación de migrantes, incluyendo personas de nacionalidad venezolana que hayan cruzado o crucen ilegalmente a su territorio a través de la frontera con México. Esto, bajo el Título 42, un decreto de salud pública establecido durante la pandemia de Covid-19, que permite a las autoridades migratorias de la Unión Americana expulsar migrantes por razones sanitarias, sin que puedan solicitar asilo.
Sin embargo, al mismo tiempo, para incentivar la migración regular y por vía aérea, es decir, no atravesando por tierra ni nadando por mar la frontera con México hacia Estados Unidos, el Gobierno de ese país ofreció un programa que contempla 24,000 solicitudes para otorgar estatus legal, por dos años, a personas venezolanas que cumplan con ciertos requisitos.
Algunos de estos requerimientos son contar con un patrocinador en Estados Unidos que les brinde apoyo económico o de otro tipo; aprobar controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y de seguridad pública, y tener completo el esquema de vacunación, además de otros requisitos sanitarios. No son elegibles las personas que hubieran sido expulsadas de territorio estadounidense en los últimos cinco años, que hayan cruzado la frontera ilegalmente después del pasado 12 de octubre, o a Panamá o México tras la misma fecha.
Por su parte, el Gobierno mexicano acordó con el estadounidense recibir de manera temporal a algunas personas de nacionalidad venezolana que ingresen a territorio nacional por la frontera norte, ante el incremento actual de flujos migratorios y la necesidad de establecer un acceso ordenado, seguro, regular y humano para migrantes de la región.
La migración venezolana hacia Estados Unidos se ha dado por diversos motivos: económicos, sociales o de otra índole, al igual que en otros países o regiones del mundo. Sin embargo, como refirió en septiembre pasado el canciller venezolano Carlos Faría, durante la 77 Asamblea General de la ONU, al leer una carta del presidente Nicolás Maduro, las 913 sanciones ilegales impuestas por terceros países impiden al pueblo de esa nación vender y comprar lo que produce y necesita, lo cual se traduce en sufrimiento, agresiones y privaciones sistemáticas que coartan su vida y derechos.
A esta situación se suma el hecho de que las y los migrantes venezolanos se arriesgan a atravesar el tapón del Darién, una selva fronteriza entre Colombia y Panamá; ruta clandestina con ríos crecidos y barrancos que implican un riesgo fatal, al igual que la presencia de grupos armados ilegales, de los cuales las personas en tránsito son víctimas de robo, agresión sexual y trata de personas.
En todo este escenario de migración, el Gobierno mexicano, además de recibir temporalmente a migrantes de Venezuela que Estados Unidos expulsó de su territorio, brindará refugio a quienes lo soliciten.
Si bien la cooperación del Gobierno de México con su par estadounidense respecto a la migración venezolana es un esfuerzo importante, no se puede soslayar que el fenómeno migratorio debe seguir atendiéndose desde la raíz, para que las personas no se vean orilladas a abandonar su lugar de origen y sus familias. Esto podría ser posible por medio de inversión, empleo, desarrollo social y económico, y siempre desde una perspectiva regional. Sólo así se podrá generar un círculo virtuoso que beneficie a todas las partes.