Penjamillo, en vilo por crisis política
Cinco integrantes del cabildo huyeron por amenazas del crimen organizado
MORELIA. A un mes de que cuatro regidoras y el síndico de Penjamillo dejaron el municipio por presuntas amenazas del crimen organizado, se mantiene en pie el planteamiento de nombrar un Consejo Interino de Gobierno que sustituya al Poder Ejecutivo que encabeza la alcaldesa Xóchitl del Río Carranza, sin embargo, sigue sin concretarse.
Incluso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que es inminente la desaparición de poderes, pero dejó en claro que esto se debe guiar de manera política y no impositiva.
“No es que haya ingobernabilidad en el municipio, el problema es burocrático, es dentro de la Presidencia Municipal. Ahí el tema se está trabajando con el partido, con las regidoras, los regidores, con la misma presidenta y con el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. No podemos tomar una decisión autoritaria, sino un tema que se resuelva políticamente y en eso estamos”, comentó el mandatario el pasado lunes.
La postura del Gobierno del estado fue confirmada por el Congreso local quien, a través de la presidenta de la Comisión de Justicia, Anabet Franco Carrizales confirmó que las autoridades estatales aún no han enviado el documento oficial en el que se solicite a los diputados iniciar el procedimiento para nombrar a los integrantes del Consejo.
"No ha llegado el documento y en cuanto nos avisen será turnado a la Comisión de Justicia y de Gobernación, pero aún no sabemos cómo vendrá el oficio", insistió la diputada morenista.
De acuerdo al Artículo 44 de la Constitución de Michoacán, el Congreso tiene la facultad de suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros. Por lo cual, los legisladores, deben designar, entre los vecinos del municipio, a quienes deban concluir los períodos respectivos.
De acuerdo con el testimonio de las regidoras, desde el 20 de septiembre entregaron oficios al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en los que señalaron las agresiones y amenazas directas de supuestos criminales, presuntamente enviados por la actual alcaldesa Xóchitl del Río Carranza.
Las amenazas estarían relacionadas con no haber apoyado la propuesta de presupuesto para el 2023.
Los representantes populares además de haber ventilado el tema ante los medios de comunicación, presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE)
En los días posteriores a las denuncias, las cinco funcionarias huyeron de Penjamillo, pero agregaron que no habían recibido las medidas cautelares de protección de la FGE.
El 11 de octubre, el propio secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aceptó que no había seguridad brindada por el estado debido a que las regidoras interpusieron una denuncia ante la FGE y ésta a su vez giró una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero les contestaron que no tenían esas facultades, recomendando acudir con la Guardia Nacional.
El fiscal del estado, Adrián López Solís, añadiría días después que las medidas cautelares efectivamente estaban trabadas porque su dependencia las ofreció, pero las víctimas insistían en la intervención de la Sedena.
Cabe recordar que Xóchitl del Río Carranza
y el síndico de Penjamillo dejaron el municipio por amenazas criminales
llegó a la presidencia municipal el 30 de septiembre del 2021 en sustitución del alcalde electo Gilberto Mejía Salgado, quien ganó las elecciones, pero fue secuestrado el 29 de junio, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Al momento, Xóchitl del Río no ha dejado el cargo y se mantiene como presidenta municipal de Penjamillo.
El 12 de octubre, luego de que fuera señalada de estar tras las presuntas amenazas contra integrantes del Cabildo, se deslindó de los hechos.
“Soy una persona de valores, nunca haría algo así, nunca atentaría contra ninguna persona. Como integrante de una familia como madre soltera y como mujer, sé lo que es pasar por algo así y de verdad que no se lo deseo a nadie”, afirmó en una rueda de prensa que ofreció en la capital michoacana.
Recordó que al inicio de su gestión recibió una extremidad humana como amenaza.
“Yo misma recibí amenazas, dudé muchísimo para tomar la responsabilidad que hoy tengo. Hay una denuncia en la fiscalía sobre este tema, he vivido con mucho miedo e incertidumbre” comentó del Río Carranza.
Cuando un soldado se viste con uniforme de policía luego de colgar el uniforme militar, en el que portó insignias de general de división y que lo llevaron a desempeñarse como comandante de zona y región militar en su carrera, el sentido común en el mundo civil dice que lo que haga o deje de hacer en su nuevo desempeño, podrá ser usado en su contra. El policía y el soldado son como el agua y el aceite, no se mezclan, son identidades y formaciones diferentes. Hay militares que le hacen al policía, pero siguen siendo y comportándose como soldados porque su formación no va más allá de los ecosistemas del Ejército, donde la mentalidad es cuadrada desde la óptica circular de la vida civil.
El caso más reciente que ilustra esta dicotomía y que resume el fracaso de militares como policías, lo protagonizó el general Daniel Velasco Ramírez quien en diciembre del 2018 ya retirado, fue designado secretario de seguridad pública al inicio del gobierno en Jalisco de Enrique Alfaro Ramírez.
Velasco Ramírez renunció 10 meses después tras ser acusado en mensajes propagandísticos del crimen organizado de presuntamente haber llegado a un acuerdo con el grupo criminal hegemónico en la entidad. El general tuvo una carrera de casi medio siglo en la milicia donde ocupó diferentes cargos y se desempeñó como comandante de zona en entidades como Guerrero, y de región en estados como Coahuila y Jalisco.
Velasco fue señalado en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fechados por esos meses, de presuntamente buscar acuerdos con el llamado Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por medio de uno de sus subordinados en aquel momento, Juan Pablo Hernández González, director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. Los detalles de las reuniones están en documentos hackeados a correos de la secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya, publicados hace unos días por el sitio web Animal Político.
La respuesta ha sido una de las más duras de generales en retiro contra funcionarios de la actual administración en lo que va del sexenio. En una misiva de cuatro párrafos dirigida al general Luis Crescencio Sandoval González secretario de la Defensa Nacional, Velasco Ramírez rechaza las versiones que lo relacionan con el grupo criminal citado. Acusa sin citar el nombre del general, quien es uno de los amigos más cercanos del Presidente, de estar detrás de las publicaciones donde lo mencionan. Solicita al alto mando “instruir al director del CNI, en su calidad de militar retirado, se abstenga de propalar información, y en caso de tener elementos probatorios de sus dichos, se abra carpeta de investigación contra quien proceda, ya que el ostentar un cargo de servidor público, no le faculta para tratar de denostar la imagen de nadie”.
Ramírez Velasco hace eco de lo que en la milicia se sabe y comenta desde que inició el sexenio sobre el general Audomaro Martínez Zapata, titular del CNI. “También recordarle al citado servidor público, que en el servicio activo, a lo largo de 50 años, el suscrito ostentó una jerarquía superior a ese sujeto y cargos más importantes y de suma responsabilidad que los ocupados por el citado Director”.
Por esos dos párrafos en otro tiempo el general Velasco podía ser arrestado. Hoy son otros tiempos, donde las jerarquías incomodan pero sirven de poco.
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DE ACUERDO al Artículo 44 de la Constitución de Michoacán de Ocampo, el Congreso tiene la facultad de suspender ayuntamientos y declarar que éstos han desaparecido