De viviendas y hospedaje

Con la aparición de nuevas tecnologías la dinámica social en actividades económicas, el Gobierno debe vigilar que a través de estos medios se realicen actividades permitidas por la Ley; y evitar que se cometan abusos entre los particulares.

Una de las acciones que las autoridades deben emprender, es supervisar las nuevas modalidades digitales de contratación de bienes y servicios, buscando el bien común y garantizando los derechos reconocidos en nuestra Constitución.

Eso no da carta abierta para sobre regular o no regular estas conductas; por el contrario, es deber del Gobierno garantizar equilibrios, evitar monopolios y permitir la libre competencia; y por otra parte lograr armonía en la nueva forma de realizar actividades económicas en relación con los derechos y obligaciones que las personas tienen por Ley.

Si bien en la CMDX el uso de aplicaciones móviles y plataformas digitales para negocios no es nuevo, con la pandemia se incrementó la oferta a través de tecnologías de la información y comunicaciones para realizar más actividades.

Movilidad es el derecho en el que hay más ejemplos, considerando transporte multimodal, podemos destacar el caso de las empresas de monopatines y bicicletas sin anclaje para realizar los últimos traslados de las personas, sin embargo, la intervención administrativa para regularlos provocó su extinción hablando de libre competencia.

Apenas hace un año, teníamos el debate del Presupuesto de Egresos para este año que consideró y dejó el cobro del 2 por ciento a las plataformas que hacen uso del espacio público para la entrega de mercancías o para la prestación de servicios. ¿El argumento? El desgaste de la infraestructura de la CDMX.

Ahora, el tema en la agenda es el servicio de hospedaje. Al principio de esta administración, se dijo que esta modalidad provocaba conflicto con los establecimientos mercantiles que ya funcionaban como Hotel, y que podía provocar gentrificación; sin embargo con el argumento de reactivar la economía, vemos ahora un impulso por atraer a los llamados “Nómadas digitales” de otros estados, incluso de otros países.

Analizando los estudios al respecto, no quiere decir que se cierre la puerta a contratar vivienda en renta; al contrario, se deben explorar nuevas alternativas, pero es obligación de la autoridad analizar todos los aspectos e impactos posibles, y así evitar consecuencias negativas.

Por citar un ejemplo, en las zonas que impactará esta modalidad de hospedaje, un alto porcentaje de personas que habitan, no son propietarias de los inmuebles y están pagando renta; lo que puede convertirse en un riesgo de desplazamiento, pues es atractivo para su arrendador obtener mayores recursos en menos tiempo con las nuevas modalidades de renta.

Otro aspecto es la prestación de los servicios urbanos, pues con esta modalidad turística se demandan servicios en diferentes proporciones; y no se debe comprometer el servicio en detrimento de los habitantes.

Por eso saltan a la luz las facilidades para reconvertir los usos de suelo son la solución o el principio de conflictos en materia de desarrollo urbano.

Pasamos en zonas como Granada y Ampliación Granada, de quitar con los SAC´s usos habitacionales para convertirlos en oficina, luego cambiarlos a vivienda nuevamente y ahora a hospedaje a través de acuerdos administrativos y decretos, sin que hoy tengamos resultados positivos para la ciudad, que sean tangibles.

Esto confirma la frase: “Tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible” pues no se debe regular por regular para ganar buenas notas o reconocimientos, se debe regular para dar beneficios a la sociedad, no de unos cuantos, ni para beneficios personales. Ahora, el tema en la agenda es el servicio de hospedaje.