Desmantelamiento del INE
El consejero electoral Ciro Murayama, una autoridad en la materia, explica tres razones fundamentales para rechazar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son más de tres, todas ellas para salir al paso de los intentos del gobierno de la autollamada 4T para darse un control absoluto sobre el sistema electoral.
La transformación del Instituto Federal Electoral en tanto se niega la intención de desmantelarlo, el recorte al financiamiento de ese órgano ciudadano, la supresión de diputados y senadores elegidos por la vía electoral para dar a Morena la mayoría absoluta en las cámaras legislativas, revelan claramente el propósito concentrador, idea atribuible sólo al jefe del Ejecutivo. Pero además de las razones expuestas por el consejero Murayama y las sostenidas por otros analistas y comentaristas de las modificaciones a las leyes electorales, hay una fácilmente entendible para el público en general sin acudir a los argumentos atendibles de los expertos en la materia. Esta es la idea de someter a votación popular el nombramiento de cada uno de los consejeros electorales mediante listas presentadas por cada uno de los siete partidos, verdadero absurdo del populismo, además de la imposibilidad de llevarla a la práctica.
La aplicación de esa reforma electoral llevaría al ciudadano a la tarea ímproba de votar por una larga lista de nombres para él totalmente desconocidos. Serían candidatos sin la menor capacidad ni conocimiento de los procesos electorales, de las leyes y las necesidades de una sociedad a la que se estaría escamoteando cualquier opción para decidir. Con el sistema actual, integrado después de varias reformas al Instituto Nacional
Electoral, los ciudadanos nombran, a través de los partidos a quienes serán analizados y calificados por su capacidad profesional y sus conocimientos de los diferentes sistemas electorales.
Se dice –y hay razón para ello—que la propuesta del partido Morena es un retorno al pasado que permitía y propiciaba el control gubernamental sobre los procesos electorales. Se prevé que en ese maremágnum de candidaturas, el ciudadano totalmente confundido terminará votando por el partido de su preferencia. En este sentido sí existe la posibilidad de una vuelta al pretérito en el que el Revolucionario Institucional ejercía su hegemonía por encima del resto de los partidos.
La iniciativa de someter a votación los nombres de cada uno de los consejeros propuesta por los partidos se antoja la ocurrencia de la ignorancia total de la realidad electoral de México, surgida de la demagogia empeñada en sustituir la democracia representativa por una democracia participativa que pretende consultar directamente al ciudadano acerca de cuestiones que corresponden a los órganos verdaderos representativos de la sociedad e integrados por la propia ciudadanía.
Además de inoperante, la iniciativa de la reforma electoral constituye una ocurrencia del gobierno y pone en evidencia el propósito de ejercer control.