Piden a ASE investigar a funcionaria
La LXIII Legislatura exhortó a la Auditoría Superior del Estado a investigar y, en su caso. sancionar conforme a las normas de fiscalización y rendición cuentas, a María del Carmen Salinas Flores, quien tomó protesta el pasado 15 de septiembre como Síndica de Guadalupe, y al mismo tiempo ostentaba un puesto en el Senado de la República, situación prohibida por la ley.
Con 19 votos a favor y uno en contra (de Omar Carrera Pérez), se aprobó hacer también un exhorto a la Contraloría Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para que en el ámbito de su competencia, realice una investigación en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Municipio del Estado, en relación a María del Carmen Salinas Flores, quien fungiera como Síndica Municipal.
Se instruye a la Auditoría Superior del Estado, órgano técnico de fiscalización de la Legislatura del Estado, para que inicie una investigación y auditoría respecto al periodo que ejerciera María del Carmen Salinas Flores, quien fungiera como Síndica Municipal, así como de las retribuciones que percibiera la misma y en su oportunidad, imponga las sanciones resarcitorias y administrativas que correspondan de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A iniciativa de la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, se explicó que la realidad política y social actual requiere una mayor y total responsabilidad por parte de quienes ejercen algún cargo de representación, así como de todos los servidores públicos que integran los diversos poderes y órdenes de gobierno, en virtud que la exigencia ciudadana ahora es mayor.
El servicio público cada vez es más demandante en virtud de los avances jurídicos y los nuevos retos para la administración pública, se requiere asegurar de perfiles cada vez más especializados con experiencia profesional pero sobre todo que se desempeñen con eficiencia, eficacia, honradez, honestidad y trasparencia, lo cual involucra además que se tengan como retribuciones por dicho servicio un salario adecuado y justo y que corresponda al trabajo realizado y a la responsabilidad que se ostenta.
Mucho se ha discutido, principalmente en el plano del derecho electoral, si las y los servidores públicos tienen un horario determinado, es decir que se especifique la hora de inicio y término de su jornada de trabajo, sin embargo para la teoría y diversas resoluciones e interpretaciones, se ha llegado a la conclusión que no es posible definir un horario, dado que en ningún momento puede perderse el carácter de servidor público o representante popular, es decir deben prestar sus servicios en favor de la sociedad, en el momento en que así se le requiere, máxime cuando se está ejerciendo directivos o altas encomiendas sociales.
Por lo anterior no puede correrse el riesgo que cualquier persona sea un momento del día responsable de ejecutar ciertas actividades y en otro momento estar libre de ello, lo anterior encuentra su congruencia en que, en el momento que se acude a elegir a los gobernantes y representantes, se les elige para ostentar ese cargo las veinticuatro horas del día, sin perder en ningún momento dicha calidad; por ello nuestra Constitución dispone que dichos cargos tienen el carácter de irrenunciables, no puede quedar al arbitrio de la persona en qué momento cumplir o dejar de cumplir con las responsabilidades y atribuciones que por decisión popular le fueron encomendadas; y que los habitantes de la demarcación que se trate requieren sean atendidas con puntualidad en favor de sus necesidades particulares y colectivas.
Bajo estas premisas, se trae al seno de este Poder Legislativo, una circunstancia que por sus posibles impactos y atribuciones requieren de especial atención, me refiero a que se ha dado cuenta que la ciudadana María del Carmen Salinas Flores, quien fuera electa Síndico del Municipio de Guadalupe, y que tomó protesta para ejercer el cargo el quince de septiembre del presente año y así lo desempeñara hasta el día veintiocho de octubre, de igual desde el primero de septiembre de este año, funge como Directora General de Programación, Presupuesto y Finanzas del Senado de la República, siendo el salario neto en éste último de entre cuarenta y cinco mil quinientos pesos y sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos en este encargo y de treinta y siete mil cien pesos como síndico.
Ambos, según los portales de transparencia del Senado de la República y del Ayuntamiento de Guadalupe, respectivamente, dando como resultado que pudiera percibir un sueldo mensual neto de 106 mil 500 pesos.
Lo anterior en plena violación a la ley, en virtud que no pueden desempeñarse dos cargos de servicio público de forma simultánea, dado que según el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a ambas encomiendas como un servidor público, en sus párrafos primero y tercero:
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
La Síndico municipal de Guadalupe, María del Carmen Salinas habría actuado de forma ilegal”