Benjamín González
La voluntad del pueblo, expresada en las urnas, mediante el voto libre, secreto y directo, constituye el pilar fundamental de toda democracia de nuestro tiempo.
Por ello, los mexicanos podemos afirmar que contamos con una democracia ejemplar. Si de algo estamos plenamente convencidos es que en nuestro país se llevan cabo procesos electorales transparentes, imparciales y legales, con resultados aceptados por todos, lo que al mismo tiempo garantiza una transición ordenada y pacífica del poder público.
Ésta es la gran virtud de la democracia mexicana del Siglo XXI. Lo ocurrido el pasado 1o de julio constituye el ejemplo más claro de una ciudadanía que, de manera contundente, eligió a la opción política que gobernará este país durante los próximos seis años.
Desde luego, el desarrollo y culminación del pasado proceso electoral representaron un gran paso en el objetivo de consolidar nuestro régimen democrático; sin embargo, la democracia también se fortalece con el desempeño que tienen nuestros gobernantes e instituciones. De nada serviría contar con representantes electos democráticamente si cuando se ejerce el poder no se atiende al interés colectivo.
En ocasiones anteriores he hablado de la crisis por la que atraviesan muchas de nuestras instituciones de la democracia. Específicamente me refiero a los casos de la Presidencia de la República, el Congreso (diputados y senadores), la Suprema Corte y los partidos políticos, que resultan ser las peor calificadas -reprobadas- por la sociedad. Por lo tanto, recuperar la confianza y la credibilidad social debe ser asumida como una prioridad.
Si bien el mensaje ciudadano a favor de un cambio de gobierno fue claro, entonces los futuros gobernantes y quienes se encuentren al frente del conjunto de instituciones están obligados a ser congruentes con el mensaje enviado por la ciudadanía y, particularmente, con la promesa de que estamos ante el umbral de la “cuarta transformación” de la república.
Coincidentemente, mañana 15 de septiembre, no sólo estaremos celebrando los 208 años de nuestra independencia nacional; también en todo el mundo se conmemorará el “Día Internacional de la Democracia”, por lo que la ONU convoca a “proponer e implementar nuevas formas de vigorizar la democracia y buscar respuestas a los desafíos sistemáticos que enfrenta”.
Desde mi punto de vista, los desafíos inmediatos que enfrenta la democracia mexicana por ahora no tienen que ver específicamente con procedimientos electorales, sino con los resultados que el gobierno electo está obligado a entregar a la sociedad en temas como corrupción, pobreza, desigualdad, violencia, impunidad y mejoramiento de las condiciones de vida, por una parte; pero también, con el reto de devolverle la credibilidad y confianza a nuestras instituciones, por la otra. Esta es la única forma de “vigorizar la democracia”.
Y en este último aspecto, el de la credibilidad de nuestras instituciones, me preocupa que estemos comenzando mal.
En días recientes, en círculos de análisis y de opinión pública se cuestionaron severamente los criterios y decisiones adoptadas por el Tribunal Federal Electoral (la exoneración a Morena por el manejo del Fideicomiso “Por los Demás”); las negociaciones entre el nuevo partido en el poder y el PVEM para que este último le transfiriera cinco diputados y de esta forma Morena consolide su condición de mayoría legislativa; y la forma en que se operó la toma de posesión de Manuel Velasco
En días recientes, en círculos de análisis y de opinión pública se cuestionaron severamente los criterios y decisiones adoptadas por el Tribunal Federal Electoral (la exoneración a Morena por el manejo del Fideicomiso las negociaciones entre el nuevo partido en el poder y el PVEM para que este último le transfiriera cinco diputados y de esta forma Morena consolide su condición de mayoría legislativa; y la forma en que se operó la toma de posesión de Manuel Velasco en el Senado, después la poco clara aprobación de su licencia y posteriormente su regreso al cargo de gobernador interino de Chiapas -no sin antes modificar “a modo” la Constitución de dicho estado- para que en diciembre que concluye su mandato pueda volver a su escaño que tiene reservado en el Congreso.
en el Senado, después la poco clara aprobación de su licencia y posteriormente su regreso al cargo de gobernador interino de Chiapas -no sin antes modificar “a modo” la Constitución de dicho estado- para que en diciembre que concluye su mandato pueda volver a su escaño que tiene reservado en el Congreso.
Este conjunto de triquiñuelas y “acuerdos” terminan por dañar aún más a las instituciones. Lejos de constatar que estamos entrando a una nueva etapa en donde el interés colectivo se coloca por encima de cualquier otro, en realidad sucede todo lo contrario: lo que importa es cuidar los intereses de partido, beneficiarse del poder y asegurar objetivos políticos particulares.
Ojalá que esto no se vuelva una práctica común durante la llamada “cuarta “Por los Demás”); transformación”. Los mexicanos exigen respuestas, pero también ha llegado el momento de garantizarles instituciones renovadas, transparentes, eficaces, con credibilidad y prestigio, cercanas a la sociedad y comprometidas con el interés común.
Un funcionamiento íntegro e impecable de nuestras instituciones es vital para recuperar la confianza ciudadana en las mismas.
Superamos el reto de las urnas y la sociedad ya cumplió con su responsabilidad el pasado 1o de julio. Ahora, es el turno de que quienes gobernarán cumplan con su responsabilidad, sin traicionar el amplio apoyo que la sociedad les ha conferido.