Administración de justicia
La administración de justicia en nuestro país, resulta ser un tema de gran relevancia, dado el entorno y los asuntos que la envuelven. Para dar inicio a este espacio, es importante definir como tal la administración de justicia, debiéndose entender por esta como todo aquello que coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados, desde los medios materiales, hasta el personal auxiliar y colaborador, pasando por los procedimientos, la cual tiene su base establecida en lo que al efecto establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna, al establecer entre otras cosas que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Siendo además estos servicios gratuitos, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
De lo antes vertido, debe entenderse que el encargado en nuestro País de impartirla, administrarla y vigilarla lo es el Consejo de la Judicatura Federal, en los propios términos establecidos en nuestra Carta Magna.
El Poder Judicial juega un papel crucial en nuestro país, ya que actúa como contrapeso en su función de garantizar el equilibrio entre los poderes de nuestro sistema, resultando entonces de vital importancia el mantener la autonomía e independencia en su función de impartición de justicia como tal.
Es importante mencionar que medularmente, la impartición de justicia busca prevalecer la paz y el Estado de derecho en nuestra sociedad, ya que al permitir que las personas cuenten con Instituciones encargadas de impartir y administrar justicia, se evita el que estas hagan justicia por sí mismas, tratando de evitar siempre la violencia para reclamar sus derechos.
Siendo importante recalcar que a lo largo de la historia y con el paso de los años, el Poder Judicial ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones, generalmente con el objeto de mejorar su funcionamiento y estructura. Aun y con esas modificaciones y avances en la impartición de justicia en nuestro país y nuestro estado, aún existen múltiples y grandes márgenes de mejoría, entre otros en lo que se refiere a casos de corrupción y nepotismo en los que como se ha visto la impunidad ha sido una constante.
Por lo que en virtud de lo anterior se resalta que estamos necesitados aún de un sistema de justicia con mayor eficacia, debiendo ser un reto para la sociedad en general el contar con una Institución judicial totalmente renovada y que el acceso y aplicación de la administración de justicia garantice la protección que se busca.
No debe perderse de vista lo manifestado al principio del presente, en lo referente a que el Poder Judicial, actúa como equilibrio de los demás poderes, ello en virtud de que como lo establece la propia Constitución, las leyes que sirven como base para la administración de justicia, son expedidas por el Congreso de la Unión, las cuales regularán las acciones colectivas, esas propias leyes, determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales a seguir y los mecanismos de reparación del daño, es decir también dependen de otros poderes para existir y funcionar, de lo contrario no existiría como tal la administración de justicia, ya que estaría bajo libre albedrío y servicio de unos cuantos.
De igual forma resulta importante recalcar que las propias leyes son las proveedoras de mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, como parte de la administración de justicia y gran avance dentro de los procedimientos se estableció las salidas alternativas para la solución de conflictos, sin que sea necesario llegar en todo procedimiento a una sentencia o condena para lograr su fin.
Es por lo anterior que se concluye que la administración de justicia, para su funcionamiento, debe estar dotado de diversos principios vitales cada uno según su investidura, entre ellos y a juicio del suscrito uno de los más importantes, es el que dicha administración sea pública, es decir la garantía con que cuenta toda persona para que se le administre justicia por tribunales que se encuentren expeditos para impartirla en el plazo y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y que además su servicios sean gratuitos, con lo cual como ya se ha mencionado se garantiza el acceso a toda persona que sin importar sus niveles económicos, culturas o saberes, pero se encuentre en necesidad de hacer valer algún derecho, pueda tener acceso inmediato a la administración de justicia, sin que con ello se instruya el fondo o la forma en que deba resolver la Institución, es decir, únicamente se establece la propia garantía en sí, de ahí otro de los principios de vital importancia que es el de la autonomía en sus decisiones.