Transparencia en la estrategia del combate al robo de combustible
El pasado 18 de enero se cumplieron cuatro años de la tragedia en Tlahuelilpan, una región de Hidalgo donde la explosión de una toma clandestina ubicada en el kilómetro 226 del oleoducto que corre de Tuxpan a Tula, cobró la vida de 137 personas. Hoy en día, la llamada “zona cero”, en donde los deudos exigieron un memorial para recordar a los suyos, está en el abandono casi total, y las tomas clandestinas continúan apareciendo.
Ante esta situación, es natural que la sociedad quiera conocer todos y cada uno de los detalles de la estrategia que se implementó para el combate al robo de combustibles, conocido como huachicol. Por ello, en la sesión de Pleno del 25 de enero, expuse un recurso de revisión contra la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), en el cual, un particular solicitó información sobre la estrategia de seguridad emprendida por dicha dependencia para frenar el robo de combustible, en específico, sobre el número de operaciones anuales y el personal asignado a esta tarea. En el INAI resolvemos siempre de conformidad con el principio de máxima publicidad, por lo tanto, ordenamos a la SEDENA a hacer pública la información requerida.
El combate al huachicol es uno de los puntos centrales en la estrategia de seguridad emprendida por la administración en turno, pues es un delito que tiene consecuencias en distintos niveles: no solo hablamos de un importante daño financiero a la hacienda, sino de regiones enteras afectadas por la violencia y de incidentes que, como hemos mencionado, son capaces de trastocar y cambiar el rostro a una comunidad entera.
El acontecimiento en Tlahuelilpan debe obligarnos a preguntar a las dependencias que participan en la estrategia de seguridad del país: ¿cuáles son los resultados obtenidos, hasta ahora, en el combate al robo de hidrocarburos? De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2022, la extracción ilícita de combustibles aumentó 37.5%, al pasar de 4.3 mil barriles diarios en 2021, a 5.7 mil barriles por día en promedio, no obstante que frenar la ordeña ilegal de ductos es y ha sido una prioridad en la agenda gubernamental desde el 2018.
A pesar de la adquisición de nuevas tecnologías por parte de PEMEX, así como de la disposición de un mayor número de elementos de las fuerzas armadas, las propias cifras oficiales demuestran que quienes realizan este delito han logrado evadir los cercos de seguridad. La proporción de barriles sustraídos de los ductos equivale a casi un millón de litros diarios, lo que al año representa 354 millones 952.4 mil litros; en otras palabras, hablamos de dos días de venta legal de combustible en todo el territorio nacional.
El interés de la sociedad por conocer a fondo y de manera detallada los resultados para combatir esta práctica ilícita no es cosa menor. Al realizar una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el término “huachicol” arroja 387 coincidencias de las que 69 corresponden a información pública y 312 a solicitudes de acceso a la información. Debemos precisar que el mayor número de solicitudes registradas (161) fueron formuladas en 2019, año en el que se suscitó la tragedia en Tlahuelilpan.
Aunado a lo anterior, y ante el notable interés social, el INAI incluyó el asunto dentro su micrositio denominado “Ante la Opinión Pública”, que da cuenta que, del 12 de junio de 2003 al 23 de febrero de 2020, fecha de la última actualización, se presentaron 3 mil 431 solicitudes de acceso a la información relacionadas con el tema “robo de hidrocarburos”, utilizando diversos criterios de búsqueda.
A cuatro años de Tlahuelilpan necesitamos conocer los resultados del combate al huachicol y debemos discutir esta problemática las veces que sea necesario en la agenda pública.