La regresión en la representación política
Desde 2011, el artículo primero constitucional establece para todas las autoridades del Estado mexicano varias obligaciones en materia de derechos humanos. Una de ellas es siempre interpretarlos favoreciendo la protección más amplia de la persona. Además de obligarles a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos conforme a diversos principios, particularmente el de progresividad.
Dicho principio en materia de derechos humanos es el punto de partida sobre la cual deben ser instrumentadas todas las decisiones de las autoridades en el Estado mexicano. El principio de progresividad tiene dos vertientes que sirven para verificar su cumplimiento: la gradualidad y el progreso.
La gradualidad implica que toda decisión relacionada con los derechos fundamentales de las personas forma parte de un proceso y, en consecuencia, para alcanzar su efectividad debe haber metas o finalidades concatenadas en el corto, mediano y largo plazo. El progreso se refiere a una medición constante y objetiva en el que se verifica que la promoción, respeto y garantía de un derecho fundamental ha mejorado.
Siguiendo el contenido del principio de progresividad, las autoridades incumplen el mismo cuando deciden, ya sea por acción u omisión, limitar, reducir o suprimir el ejercicio de un derecho. Cuando ello ocurre, podemos sostener que hay regresión.
Tratándose de la participación y representación política, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de sus decisiones, es un promotor clave en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y de grupos prioritarios, como son las personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual.
En el caso de las mujeres, el avance ha sido gradual y progresivo. Desde hace muchos años, la autoridad electoral busca, a través de distintas medidas, garantizar que la representación política sea pa
ritaria. En las elecciones de 2018 y 2021, se decidió que la postulación paritaria que ordena la Constitución tuviera un efecto en la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pese al descontento y rechazo que generó en algunos actores políticos, los resultados fueron visibles a corto plazo y después de 2 procesos electorales, en 2021 la Cámara de Diputados se integró con 250 diputadas y 250 diputados.
De igual forma, para el proceso electoral de 2021, ante vacíos legales, el INE implementó acciones que garantizaron que coaliciones y/o partidos políticos postularan 50 candidaturas para los siguientes grupos sociales: personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas y migrantes. Ello generó que por primera vez en la democracia mexicana y en la Cámara de Diputados hubiera 65 diputaciones federales que les representan en uno de los espacios más importantes de la toma de decisiones en nuestro país.
Esa visión progresista en el tema de la representación política desaparece y suprime los beneficios que genera para dichos grupos sociales el ser representados en la Cámara de Diputados, la reforma electoral conocida como “Plan B”, prohíbe que el INE ejerza su facultad reglamentaria para garantizar una mayor representación de grupos que históricamente han vivido discriminación.
Además, la nueva legislación establece que por ambos principios (mayoría relativa o representación proporcional), los partidos políticos deberán postular por lo menos 25 candidaturas para los grupos sociales señalados anteriormente. Más allá que la legislación no genera certeza sobre las
El “Plan B”
es nocivo para la democracia y lesivo para los derechos políticos electorales de la ciudadanía. No debemos dudarlo. Frente a ello, diversas organizaciones han convocado a la ciudadanía para que el 26 de febrero participe en una nueva marcha en defensa de la democracia y el respeto a la Constitución.
formas en que serán postuladas, lo único real es que descenderá dramáticamente el número de representantes de dichos grupos. En otras palabras, para los promotores del “Plan B”, la progresividad de los derechos fundamentales es letra muerta.
En el caso de las mujeres, la regresión es más preocupante. El “Plan B”, establece que las autoridades electorales (INE o TEPJF) no pueden interferir en las decisiones de la vida interna de los partidos políticos, esto es, condiciona a la voluntad partidista el avance y consolidación de la participación política de las mujeres. La reforma también es un riesgo para la eliminación de la violencia política en contra de ellas, pues impide a la autoridad cancelar candidaturas de personas que la hayan cometido. No sólo les permite postularse a una candidatura sino que también fomenta la impunidad y violencia política.
El “Plan B” es nocivo para la democracia y lesivo para los derechos políticos electorales de la ciudadanía. No debemos dudarlo. Frente a ello, diversas organizaciones han convocado a la ciudadanía para que el 26 de febrero participe en una nueva marcha en defensa de la democracia y el respeto a la Constitución. La protesta pública será un elemento que demuestre el descontento y las impugnaciones judiciales, lamentablemente, serán la única forma de detener la regresión.