ANÁLISIS
Para que la promesa de un Mexico próspero e incluyente se pueda convertir en una realidad tangible, es imprescindible que se consolide el Estado de derecho como un pilar fuerte del país. En un entorno mundial cada vez más inestable, no se podrá alcanzar un crecimiento económico sostenible y equitativo ni una competitividad elevada sin un gran esfuerzo de las autoridades, del sector privado y de la sociedad civil para disminuir la impunidad, combatir la informalidad, mejorar la seguridad y transparentar el gasto público.
En este sentido, la promulgación del marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 18 de julio, es un paso muy importante, no únicamente porque abunda en el sentido de transparentar el uso del erario público, sino porque es el resultado exitoso de un trabajo conjunto del poder ejecutivo, el legislativo, la sociedad civil, el sector empresarial, y los partidos políticos en un entorno particularmente complejo. Frédéric Garcia
Este anuncio confirma que México ha decidido enfrentar con ambición el gran reto pendiente de modernización a favor del Estado de derecho, después de haber logrado unas reformas estructurales históricas.
Los acontecimientos ocurridos en el sureste del país durante las últimas semanas demuestran que sin un Estado de derecho fuerte, se pone en riesgo la competitividad de Mexico, su capacidad de atraer inversiones productivas y su posibilidad de seguir generando empleos formales.
Las empresas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), al igual que el sector empresarial en el país, hemos experimentado severas afectaciones económicas, logísticas y laborales como resultado de los bloqueos ilegales organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Empresas de los sectores de servicios ferroviario, automotriz, construcción, agroalimentario, financiero y alimentos y bebidas, entre otros, hemos registrado despojo de producto y retención de unidades de transporte. Asimismo, los bloqueos han impedido la distribución de nuestros productos, y el acceso a insumos y materias primas para la producción. Clientes de diferentes sectores han sufrido incertidumbre de recibir la proveeduría, obligándolos a parar líneas de producción con afectaciones no solo económicas sino también laborales y por consiguiente sociales. Algunos bancos se han visto forzados a cerrar sucursales y suspender el servicio a clientes. Las empresas del sector automotriz tienen vehículos de importación detenidos en el puerto sin poder trasladarlos a los centros de distribución por la incertidumbre y los riesgos tanto en carretera como en la vía ferroviaria.
De igual forma, se ha encarecido el costo del transporte y ha habido escasez de combustible. Hemos registrado una saturación de puertos y aeropuertos que retrasan la entrega de productos e insumos. El puerto de Lázaro Cárdenas presenta una saturación de contenedores debido a los retrasos en la salida de las mercancías a través del servicio ferroviario. Entre las empresas afectadas por la demora en la entrega de sus mercancías se encuentran líneas navieras internacionales, armadoras automotrices, además de empresas del sector metalúrgico.
Todos los problemas descritos anteriormente, han derivado en enormes costos económicos para las empresas que conformamos el CEEG. La manera de contabilizar dichos costos varía de una empresa a otra. Sin embargo, si nos basamos en las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial el costo por las afectaciones supera los 4 mil 200 millones de pesos en las últimas semanas. Sólo el costo de retrasos de los trenes asciende a más de 20 millones de pesos diarios. Estos hechos impactan brutalmente a la actividad económica del Sureste del país, de por sí precaria, afectando no sólo a las empresas, sino también a los trabajadores y a sus familias.
Ante este contexto queda claro, hoy más que nunca, que asegurar el cumplimiento de la ley es fundamental para brindar certidumbre a las inversiones y para impulsar la actividad económica en todas las regiones del país. Para mantener sus ventajas competitivas, para alcanzar un crecimiento económico sólido que permita la creación de más empleos formales y dignos, para abatir la pobreza e impulsar la inclusión social, México debe realizar un esfuerzo decidido por fortalecer el Estado de derecho.