Propuesta a los legisladores
La semana pasada hablé en este espacio de la cultura de hoy, que ha puesto de moda y considera correcto, entre otras cosas, que se acuse de corrupción, mal uso de los recursos (y hasta lavado de dinero) a cualquier persona, en especial si es funcionario público.
Usé el concepto cultura en su acepción amplia, como el conjunto de conocimientos, creencias, reglas y prácticas que aprendemos, repetimos y reproducimos en nuestra vida cotidiana y que guían, sitúan, legitiman y dan sentido a las acciones y comportamientos de los individuos. Más todavía, dije que es aquello que incluso establece nuestros horizontes de expectativas, de lo que es posible decir, pensar o imaginar. Y el concepto corrección, lo usé en el sentido de algo que se pone de moda en la forma de pensar, actuar y hablar.
Esto viene a cuento, porque alguien que dice llamarse Javier Arturo Quiñones Espinoza, mandó un comentario al diario en el cual, como no está de acuerdo con que yo no me sume a esa moda, y por el contrario, afirme que ser funcionario público no es a fuerza sinónimo de corrupción y que afortunadamente hay muchos en nuestro país que lo demuestran cada día, me acusa de tres cosas, las más grandes que se le ocurrieron: estar pagada por el gobierno, trabajar en una institución (la UNAM) a la que llama “guarida de delincuentes” y que mis patrones son narcos.
Le agradezco a esa persona (o lo que sea que se esconde detrás de ese nombre) por proporcionarme con su comentario un ejemplo perfecto de lo que dijeenmiartículo.Puestalcomoescribí, hoy es muy fácil hacer acusaciones, cualquiera (y uso la palabra en todas las acepciones que tiene) puede inventar lo que le de la gana, porque ni lo tiene que demostrar, ni tiene que dar la cara.
Pero además, puede hacerlo porque en nuestro país hay libertad de expresión, un logro democrático por el que luchamos los ciudadanos de mi generación, y al que hoy se da por sentado y se usa no para la crítica o la oposición, sino para levantar infundios, correr chismes, ofender, insultar.
Paradójicamente, esto lo hacen porque en una sociedad que también luchó por la transparencia, estas personas (a diferencia de las figuras públicas), pueden esconderse detrás de nombres falsos, o incluso, si el que usan es el suyo, porque de todos modos nadie sabe quiénes son. Dicho de otro modo, atacan porque no son, atacan porque quisieran ser, atacan porque quieren eso que el otro tiene, sea el puesto público (¿desde el cual medrar?) o el espacio en los medios (¿desde el cual sí ser escuchados?).
Hace unos días, la secretaria general del PRI anunció que ya no aceptarían agravios contra el presidente Peña Nieto y que “cada ofensa tendría respuesta”.
¿Quién podrá defendernos así a los ciudadanos expuestos a que cualquier vecino, lector, conocido o desconocido, pueda ejercer sobre nosotros su “derecho” a la libre expresión sin que importe nuestro derecho a ser respetados?
Carolina Monroy tiene que exigir a los diputados y senadores de su partido que pongan el tema en la mesa de los legisladores, pues no se vale que si ya se percató de ésto, se quede solamente en proteger al Presidente y no amplíe sus objetivos a proteger a tantos ciudadanos que hoy por hoy estamos expuestos a los agravios, ofensas e infundios, sin posibilidad legal e institucional de ponerles un alto.
Por supuesto, esto vale para todos los legisladores, de cualquier partido. Porque ellos son quienes deben atender los asuntos sociales y este se ha convertido en un problema.
Nos está haciendo mucho daño que cualquiera se crea con derecho a acusar y a ejercer violencia verbal contra el otro. Nos está haciendo mucho daño que la transparencia no sea una obligación para todos los ciudadanos. Nos está haciendo mucho daño que la libertad de expresión no se compagine con nuestro derecho humano a ser respetados. Ya es hora de actuar para resolverlo.