ANÁLISIS

Confianza y credibilidad en un prudente manejo de las finanzas públicas apuntalan la estabilidad macroeconómica, la certidumbre financiera y la tranquilidad en los mercados… y de los habitantes. Es una lección que dolorosamente están aprendiendo muchos países, sobre todo como consecuencia de la crisis financiera que aún no termina y que los tomó por sorpresa. Julio A. Millán B.

En el caso de nuestro país, cierto es que enfrentar la crisis llevó a las autoridades a instrumentar medidas de estímulo a la economía mediante el relajamiento de la política de equilibrio presupuestal que durante varios años se mantuvo; se consideró que existía margen de maniobra para permitir un déficit controlado que incentivara el gasto y el consumo.

Sin embargo, con ello, el balance primario que mostró superávits de más de 1.0% del PIB entre 1990 y 2008, se convirtió, a partir de 2009, en una serie de déficits, si bien menores a 1.0% del producto.

Por su parte, el balance presupuestal que registraba en general déficits menores a 1.0% del PIB, registra desde 2009 déficits de más de 2%; en 2014 y 2015 el déficit superó el 3% del producto.

Otro efecto que se ha presentado es el aumento en el coeficiente de endeudamiento como porcentaje del PIB. Por un lado, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, SHRFSP (la medida más amplia de endeudamiento), pasó de 31.7% del PIB en el año 2000 a un estimado de 50.5% para 2016.

Por su parte, la deuda pública pasó de un saldo de 20.6% a un estimado de 48.5% del producto en los mismos años.

En el caso de nuestro país, no es el nivel de endeudamiento cercano a 50% lo que preocupa, sino el ritmo de crecimiento del mismo, amén de que no se tiene la confianza y certidumbre suficiente para descontar que el proceso de consolidación fiscal, que se pretende en documentos que conforman el paquete económico se logrará.

Así lo manifestaron la semana pasada dos de las principales calificadoras financieras, quienes emitieron un “llamada de alerta” y ajustaron su percepción sobre la deuda soberana y bancaria de “estable” a “negativa”.

Ahora bien, en días pasados, la SHCP anunció que, como parte de un proceso de mejora continua en materia de transparencia en las finanzas públicas, compilará y publicará mensualmente doce indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público, una suerte de 3de3, que permitirán dar un seguimiento más puntual de la trayectoria observada y esperada de las finanzas públicas en los siguientes meses de 2016 y en los años subsecuentes.

El objetivo es facilitar el seguimiento y “anclar” las expectativas sobre las finanzas públicas, tanto de analistas como del público en general. Este anunció sin duda es importante, porque los sucesivos años de números rojos en las cuentas públicas, el crecimiento de la deuda pública e incluso los varios anuncios que ha hecho la dependencia, a lo largo del sexenio, corrigiendo a la baja sus propias expectativas de crecimiento, han provocado desconfianza sobre el buen manejo de las finanzas públicas.

Se han lanzado ya alertas sobre esta situación y es importante actuar con la mayor transparencia para crear la máxima confiabilidad y credibilidad en que se cumplirán las metas de consolidación fiscal, sobre todo cuando se espera la presentación del paquete económico la próxima semana y ante la historia de desequilibrios fiscales que ha tenido nuestro país en épocas pasadas, y que generaron incertidumbre económica.

Consolidar la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas es fundamental. Sería muy conveniente en este contexto, que existiera un organismo en verdad independiente de supervisión y vigilancia de las cuentas públicas, que vele por que se se cumplan los compromisos de consolidación hacendaria.

En varios países del mundo, han empezado a tomar importancia las Instituciones Fiscales Independientes (IFI) y los Consejos Fiscales, instituciones que están al pendiente de que se logre la sostenibilidad de las finanzas del gobierno.

Este organismo sería complementario a la Auditoría Superior de la Federación cuya labor es revisar la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, pero no vigila el cumplimiento de las metas ni de los compromisos de las finanzas públicas como son las metas de ingresos, gastos, balance fiscal, financiamiento y endeudamiento.

Este organismo, tendría también entre sus funciones elaborar las proyecciones de las variables económicas sobre las cuales la autoridad hacendaria, basaría sus cálculos en materia de metas financieras, dotando de mayor credibilidad, al dejar de ser una suerte de juez y parte. De esta manera, no sólo se garantizaría la sostenibilidad de las finanzas públicas, si no el crecimiento y el bienestar.

En el caso de nuestro país, no es el nivel de endeudamiento cercano a 50% lo que preocupa, sino el ritmo de crecimiento del mismo