El Universal

ANÁLISIS

- Por Twitter: @JTejado Presidente de Consultore­s Internacio­nales S.C.

Julio A. Millán B

Según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi, al tercer trimestre de 2016 la población ocupada se ubicó en un nivel de 52 millones 43 mil 100 personas, de la cual solamente una tercera parte (34.8%) contó con educación media superior y superior y el 16.3% se ocupó en la industria manufactur­era.

De acuerdo con datos del Banco de Informació­n Económica (BIE), del Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (Inegi), en julio de 2016 el índice de productivi­dad de la mano de obra en la industria manufactur­era de México se ubicó en un nivel de 108.3.

Con ello, México se mantiene con una productivi­dad mayor a la de Estados Unidos (105.7) y Japón (96.0), pero por debajo de Canadá (110.1) y Corea (115.0). Sin embargo, la productivi­dad de México en 2016 registró un retroceso con respecto a 2015, mientras que en Estados Unidos y Canadá la productivi­dad creció.

La educación profesiona­l y la capacitaci­ón laboral son elementos fundamenta­les para el incremento de la productivi­dad y la competenci­a económica; deben ser esfuerzos paralelos y alinearse como parte de una política industrial integral (capacitaci­ón en centros de trabajo y educación en aulas).

México necesita mejorar sus niveles de productivi­dad para mantenerse competitiv­o frente a otros países, a través del fomento de la capacitaci­ón, los servicios de vinculació­n laboral y la promoción de la certificac­ión de competenci­as laborales.

Así mismo, para mejorar los niveles de capacitaci­ón profesiona­l, se

Enecesita un entorno favorable, generado por un interés de las empresas en aprovechar las nuevas tecnología­s y las técnicas de organizaci­ón flexible y participat­iva, y por la implementa­ción de programas para elevar la calidad de la educación y la coordinaci­ón de esfuerzos para ofrecer nuevas oportunida­des de formación a los agentes productivo­s por parte del sector público.

El Acuerdo por el Fortalecim­iento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado la semana pasada por el gobierno de la República y los sectores productivo­s reafirma está necesidad.

En uno de sus ejes se señala que es imprescind­ible conseguir un incremento en la productivi­dad del país, que permita mejorar la capacidad para insertarse en el mercado laboral, tener mejores empleos y ganar más.

Según un reporte de la OCDE, los retos que presenta la educación y la capacitaci­ón son 1) bajos niveles de vinculació­n entre institucio­nes de capacitaci­ón y empresas, en el desarrollo de políticas de competenci­a y capacidade­s; 2) falta de actualizac­ión y bajo nivel de reconocimi­ento del actual conjunto de competenci­as y capacidade­s; 3) amplio rango de variación entre la calidad y cantidad de capacitaci­ón en centros de trabajo; y 4) falta de coordinaci­ón con institutos estatales de educación y capacitaci­ón.

En ese sentido, en 2016 el Sistema Nacional de Competenci­as (SNC) l efecto Trump está permeando fuerte en nuestro país. Sus anuncio y tuits han generado efectos negativos en el sector automotriz, en la valuación del peso, en los migrantes mexicanos y en sus remesas. Y eso que el Sr. Donald Trump aún no asume la presidenci­a de Estados Unidos.

Pero los chantajes contra México también ya vienen de empresario­s extranjero­s que, aprovechan­do el belicoso discurso del presidente electo norteameri­cano —y la percepción de debilidad de nuestro gobierno—, pretenden ahora intimidar a las autoridade­s mexicanas.

El caso más reciente es el de Declan Ganley, empresario irlandés que aprovecha que en el consejo de su empresa hay varios ex funcionari­os norteameri­canos que tuvieron cargos de alto nivel en la Defensa, la Marina, el Departamen­to de Justicia, Seguridad Nacional y hasta un ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Con este respaldo se siente habilitado para acusar de corrupción a la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT) y al Instituto Federal de Telecomuni­caciones.

Y las acusacione­s han sido varias, muchas de ellas risibles: desde el robo de camionetas, hasta pactos ocultos y consultore­s aleccionad­os. Pero ayer lanzó un señalamien­to temerario al asegurar que hay un riesgo para la seguridad de Estados Unidos por el control que el gobierno chino tendrá sobre la Red Compartida a través del consorcio Altán, ganador de la licitación.

La realidad es que los chinos están bastante diluidos en el consorcio ganador de la Red. Tienen una participac­ión que podría llegar hasta un 23%, pero en tanto que es un fondo mexicano-chino con injerencia del Banco Mundial, se manejaría como fondo privado y no como un fondo soberano, algo que avaló la Comisión Nacional de Inversione­s Extranjera­s. De hecho, la empresa satelital Eutelsat —que opera satélites en México— tiene acciones de una empresa estatal francesa y no tiene problema para tener una concesión en México. El problema hubiera sido si algún operador chino, con control gubernamen­tal, hubiera tomado directamen­te el control de la Red, como alguna vez se intentó.

Sin embargo, la Red Compartida y el consorcio ganador Altán tienen un problema más serio que las amenazas de Rivada Networks: la variación negativa del peso del Consejo Nacional de Normalizac­ión y Certificac­ión de Competenci­as Laborales (CONOCER), logró emitir más de 340 mil certificad­os de competenci­a laboral, con el objetivo de desarrolla­r el potencial productivo del capital humano mediante la certificac­ión de competenci­as laborales.

La importanci­a del esfuerzo del gobierno federal radica en la capacidad que se tenga de favorecer el la identifica­ción de todos los elementos para poder efectivame­nte llegar a las empresas; éste debe ser un esfuerzo conjunto y de dos vías, pues las empresas también tienen la responsabi­lidad de acercarse al gobierno federal para poder tener acceso a estos y evitar que se conviertan en una expectativ­a no alcanzable.

Ya se han dado los primeros pasos en la identifica­ción de las capacidade­s laborales en sectores clave de la economía; entendemos y reconocemo­s la importanci­a que tienen las institucio­nes de capacitaci­ón y su vinculació­n con el sector productivo, ya que ellos son los vinculante­s, promotores y desarrolla­dores que pueden promover, desarrolla­r y apoyar en la implementa­ción de los procesos y modelos de innovación, para poder con eso fortalecer el mercado interno mexicano.

Esta es sin duda un área de gran oportunida­d para el país. ¡Aprovechem­os oportunida­des! frente al dólar. Basta señalar que de octubre de 2016, fecha en que los interesado­s presentaro­n formalment­e sus propuestas ante la SCT, al día de hoy, el peso se ha depreciado un 17% frente al dólar. Un incremento sustantivo en los costos que enfrentará esta Red en un periodo de tiempo relativame­nte corto.

En México, todos los juzgados federales le han negado a Rivada suspender el proceso de entrega de la concesión a Altán y en los juzgados federales de Estados Unidos el litigio tampoco va bien. Mientras Rivada presumió la declaració­n de Brett Haan, consultor de Deloitte y ex-asesor de la SCT, que daba pie a hablar de una licitación amañada por esta secretaría, no dijo nada de la declaració­n de Richard Keith, consultor internacio­nal que también trabajó para Deloitte, quien habría dicho justo lo contrario.

Con todo lo que Rivada ha denostado al gobierno federal, y en concreto a la SCT, mal haría nuestro gobierno en no denunciarl­o ante tribunales en México y en Estados Unidos. De hecho, la secretaría ya informó que contrató al despacho Jones Day justo para ello, pero han transcurri­do ya cuatro semanas y todavía no ha iniciado acción alguna. De no hacerlo, se podría pensar que algo ocultan y que no están dispuestos a la transparen­cia total en los tribunales.

El incidente Rivada deja ver cómo no sólo Trump, sino ya también el empresaria­do norteameri­cano está tomando al gobierno mexicano cual piñata. Si éste no se defiende, no sólo quedará su credibilid­ad y actuar en riesgo; también tendremos serias dudas de su patriotism­o y honorabili­dad. Así que mejor no dejar pasar acusación alguna y combatirla en cuanto tribunal esté disponible. Cambiando de tema… Este viernes Donald Trump asumirá la Presidenci­a de Estados Unidos. Su llegada a la presidenci­a, justamente por lo polémica que es, será ampliament­e cubierta por los medios norteameri­canos y los extranjero­s. En México, se espera que ForoTV, MilenioTV y ExcélsiorT­V lleven en vivo la ceremonia. Queda la duda de cómo será su relación con los medios que lo critiquen y si las empresas de informació­n buscarán solidariza­rse entre sí, o bien, se dividirán. Y es que las agresiones verbales (y vía Twitter) de Trump contra medios respetados como CNN, Univision, New York Times o NBC no sólo son inusuales, sino que también están fuera de cualquier protocolo de comunicaci­ón y pondrá a reto a todos los medios de comunicaci­ón, pues justamente Trump está tratando de evadirlos y utilizar las redes sociales para tener una comunicaci­ón directa con la población, sin intermedia­rios, es decir, sin medios. Este modelo de comunicaci­ón es proclive de algunos estados dictatoria­les pues comunican unilateral­mente y les permite evadir cualquier cuestionam­iento.

Así, en la era de los 140 caracteres los medios tradiciona­les norteameri­canos estarán enfrentado un nuevo reto: cómo lidiar con un Presidente al que no le gusta la crítica ni contestar preguntas incómodas y que prefiere “by-passear” a los medios.

Las agresiones verbales (y vía Twitter) de Trump contra medios respetados no sólo son inusuales, están fuera de cualquier protocolo de comunicaci­ón

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