Brasil recurre al ejército para controlar las prisiones
Presidente pone a las Fuerzas Armadas a disposición de los estados Registran, por segundo día consecutivo, un motín en Alcacuz
“El presidente pone a disposición de los gobiernos estatales el apoyo de las Fuerzas Armadas” ALEXANDRE PAROLA Vocero de la presidencia de Brasil “Las autoridades parecen subestimar la profundidad de la crisis en el sistema de prisiones y fracasan en la prevención de nuevos asesinatos” RENATA NEDER Asesora de Amnistía Internacional
Brasilia.— El gobierno de Brasil puso ayer a disposición de las autoridades estatales el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las cárceles del país, con el fin de frenar la ola de violencia en los centros penitenciarios.
En el marco de una reunión con mandos para analizar la situación en los penales, el portavoz de la presidencia, Alexandre Parola, indicó que “el presidente Michel Temer pone a disposición de los gobiernos estatales el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
De esta forma, los gobiernos de los estados brasileños azotados por la oleada de violencia en sus prisiones —desde la región amazónica al noreste del país— podrán solicitar la presencia de militares, quienes colaborarían en las tareas de revisión dentro de las cárceles.
“Habrá inspecciones rutinarias en las cárceles con el objetivo de detectar y decomisar materiales prohibidos en esas instalaciones. Esta operación trata de restaurar la normalidad y los patrones básicos de seguridad en las cárceles brasileñas”, indicó el vocero.
Esta medida de urgencia busca sofocar la peor crisis penitenciaria de Brasil, tras una serie de motines y ataques entre facciones rivales en varias cárceles del país, que ha dejado cerca de 130 muertos desde que inició, el pasado 1 de enero.
El anuncio fue hecho en el marco de una reunión celebrada ayer en Brasilia entre el presidente Temer, la mayoría de su equipo de gobierno y representantes del ejército, la policía y los servicios secretos.
Pese a las medidas adoptadas y a las promesas del gobierno, la crisis está lejos de concluir. Todos los días los medios informan sobre nuevas rebeliones, ejecuciones o fugas de reos en diversas prisiones del país.
El último foco de tensión se registró ayer en la prisión de Alcacuz, en el nororiental estado de Río Grande del Norte, donde varios presos volvieron a tomar por segundo día consecutivo las azoteas de uno de los pabellones de la cárcel.
El domingo pasado, en ese mismo centro, 26 presos fueron ejecutados a sangre fría —la mayoría decapitados y algunos descuartizados—, ante la incapacidad de las autoridades penitenciarias de controlar el recinto.
Tropas de la policía de élite fueron enviadas ayer a esa cárcel para tratar de sofocar la nueva rebelión, mientras las autoridades buscaban nuevas víctimas entre los reos. Huelga de agentes penitenciarios. La crisis amenaza ahora con extenderse al estado de Río de Janeiro, donde funcionarios penitenciarios y miembros de la policía civil iniciaron ayer una huelga de seis días para exigir el pago de salarios atrasados y la mejora de condiciones de trabajo.
Esta suspensión de labores podría provocar rebeliones de los grupos criminales en las prisiones de Río, que luchan por el control de actividades ilegales como el tráfico de droga.
En ese marco, organizaciones no gubernamentales han llamado al gobierno federal a que asuma su responsabilidad ante los hechos.
“Las autoridades parecen subestimar la profundidad de la crisis en el sistema de prisiones y fracasan en la prevención de nuevos asesinatos y masacres”, dijo Renata Neder, asesora de derechos humanos de la organización Amnistía Internacional.
Esta crisis penitenciaria ha puesto de manifiesto una serie de problemas denunciados desde hace años por grupos humanitarios: el exceso de población carcelaria, las condiciones de confinamiento degradantes y el dominio de los grupos criminales en los penales, a lo que se suma la corrupción de las autoridades que las deberían gestionar.