Diserta la comisión sobre austeridad

Responde a la nota publicada ayer por EL UNIVERSAL sobre los ingresos extraordinarios

Estimado Director:

En relación con la nota publicada hoy en la primera plana de EL UNIVERSAL, titulada “Desdeña la CNDH exhorto a austeridad”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le hace llegar su posición al respecto:

Para la CNDH la austeridad en el ejercicio del gasto no es una cuestión que sólo atienda a la coyuntura que está viviendo el país. La austeridad ha sido un objetivo y un compromiso constante desde el inicio de la actual administración, que se ha plasmado en los distintos planes específicos que en ese ámbito anualmente hemos formulado, hecho públicos y cumplido en su totalidad. Las economías que la austeridad ha generado en el presupuesto institucional han sido oportunamente enteradas a la Tesorería de la Federación y avaladas por los órganos de auditoría que revisan su actividad.

Las medidas que adoptaremos este año parten de una convicción de responsabilidad en el ejercicio del gasto público y de un sentido de solidaridad con la sociedad ante las consecuencias de la crisis económica actual. Sin embargo, es pertinente señalar que si los poderes, las instituciones y las instancias de gobierno determinan por sí mismas sus medidas de austeridad el alcance de ellas puede ser limitado, prestándose inclusive a la simulación.

De manera adicional al programa de austeridad de la Comisión Nacional, nos pronunciamos por que el Legislativo federal, en ejercicio de la facultad presupuestaria que le asiste, formule una ley que de manera general y obligatoria establezca los parámetros y alcances de las medidas de austeridad en el gasto público. Es necesario que se defina y dé seguimiento al destino de los ahorros que se obtengan para prevenir que queden como recursos disponibles para una asignación discrecional.

Sabemos que ninguna medida que se adopte en el ámbito exclusivo de la operación administrativa de las instituciones será suficiente o podrá revertir los efectos del aumento en los combustibles, la devaluación o la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país. La austeridad puede ser un camino contra el dispendio, pero no un remedio contra la disfunción institucional. Actuemos para garantizar un ejercicio responsable, racional, eficaz y trasparente del gasto público. Que el dinero se gaste en lo que se debe y que sea efectivo ese gasto que se haga.

De nada sirve la austeridad en el gasto público si no ponemos un alto a la corrupción, al dispendio, a la impunidad y a la falta de transparencia. Debemos garantizar que no haya simulaciones, que exista correspondencia entre el destino formal y real de los recursos. La CNDH no tiene partidas discrecionales, las cuales son inaceptables y deben desaparecer en su totalidad, en todos los poderes, niveles y órdenes de gobierno.

Es inadmisible que al amparo de una austeridad mal entendida se violen los derechos humanos. La austeridad no puede significar que se frene el empleo o se vulneren derechos laborales, mismos que cuentan con una protección constitucional. En este rubro no hay opacidad o discrecionalidad. La afectación a los derechos laborales impacta en la vigencia de otros derechos.

En la situación que enfrenta el país, la austeridad no debe implicar supresión del gasto, sino que el mismo sea debido, eficaz y eficiente. Buena parte de la economía nacional depende del gasto público, por lo que no debemos sumar a las presiones económicas derivadas del retiro de capitales e inversión privada, una disminución del mismo. El país requiere desarrollo en infraestructura y que se sigan atendiendo programas sociales que ante cuestiones, como la posible repatriación de migrantes, deberán inclusive fortalecerse, al tiempo que se promueva la creación de empleos. El presupuesto debe ejercerse con un perfil que haga posible y respete los derechos humanos. Atentamente Jesús Ramírez López. Director General de Comunicación CNDH

Respuesta de la Redacción. Señor director: Acerca de la carta de la CNDH, la nota hace referencia a la entrega de un bono extraordinario a los funcionarios de la comisión en busca de conocer si las instituciones entienden el momento económico que vive el país y no a disertar sobre la austeridad.