ONG alerta del “negocio” de las deportaciones
Activista habla del riesgo de los dreamers Arrestos beneficiarían a prisiones privadas
Washington.— A Madai Ledesma, originaria de Tultepec, Estado de México, le causa un profundo remordimiento la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
“El dolor que siento no es por mí, yo sé que esto es un albur, que uno se la juega todos los días por no tener papeles. El remordimiento es por todos mis amigos que han tenido la oportunidad de saborear la gloria y que corren el riesgo de perder todo”, dice a EL UNIVERSAL la mexicana de 34 años, quien cruzó ilegalmente la frontera norte hace más de una década.
La madre de Heather, una pequeña de ocho años, alude a jóvenes como Fátima Coreas, nacida en El Salvador y beneficiaria desde hace años del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), introducido por el presidente Barack Obama y que pretende eliminar Trump.
“DACA significa todo para mí porque me permitió tener una vida normal. Gracias al programa pude conseguir un trabajo legal, tener financiamiento para estudiar, comprar un coche, viajar por el país; estoy haciendo realidad el sueño americano que mis padres no pueden alcanzar”, sostiene la estudiante de Ciencias Políticas en el Montgomery College. “El futuro es incierto y preocupante, pero me lastima más pensar que después de comportarnos como ciudadanos perfectos: seguimos las reglas y cumplimos con todos los requisitos que nos piden, nos paguen de una manera que no corresponda a todo nuestro esfuerzo”.
El DACA, una orden ejecutiva emitida por Obama, entró en vigor en 2012 en respuesta a la ausencia de la gran reforma migratoria para resolver la situación de más de 11.5 millones de personas en el país. El programa ofrece permisos de trabajo y estadía por un periodo de dos años, con opción a ser renovado, a los jóvenes que llegaron al país antes de junio de 2012 y de cumplir 16 años de edad. Sin embargo, el mecanismo podría convertirse a partir de este viernes en su peor enemigo, advierte en entrevista George Escobar, director de Servicios de Salud y Humanos de CASA, una organización de lucha por mejorar la calidad de vida de las comunidades latinas e inmigrantes.
El activista sostiene que el programa ha permitido a la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) almacenar información de más de 1.2 millones de jóvenes, así como de su entorno familiar, con lo cual las autoridades contarían con los datos de unas 5 millones de personas en condición de ilegalidad. “Esos muchachos pueden ser deportados inmediatamente porque su información, al igual que la de sus familiares, está en manos del DHS. El mismo departamento que te dio papeles ahora te puede deportar”, asegura.
Escobar señala que la posibilidad de que DACA sea utilizado para realizar deportaciones masivas es realista, considerando que la industria de detención gestionada por el sector privado, que incluye desde prisiones hasta centros de readaptación y de detención provisional, es un negocio en expansión que está en manos de simpatizantes de Trump.
“La detención de nuestra comunidad sería un negocio para los aliados de Trump, porque pondrían a los migrantes en cárceles privadas que tienen contratos con el Estado y han hecho donaciones a la campaña de Trump.
“Sería igual que la guerra de Irak, que resultó en grandes beneficios para la industria privada por todos los servicios que proporcionaron a los soldados. Sería como crear una guerra interna beneficiando a la infraestructura privada que hay en el país. Hay un gran incentivo”, explicó Escobar. El último informe del Departamento de Justicia de EU sostiene que en 2015 había 126 mil 300 presos en cárceles privadas, lo que constituía 18% de la población penitenciaria federal; aunque en casos como Hawai, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota y Oklahoma, supera 20%.
La Corrections Corporation of America es la firma que opera el mayor número de instalaciones en el país, 88 en la actualidad, por encima de las 66 que tenía bajo su cargo en 2011, año en que facturó ingresos por 1.7 mil millones de dólares. “Estamos en una situación súper difícil, la comunidad tiene bastante miedo, pero también tiene coraje y ánimo para seguir luchando”, sostiene el activista.
La sociedad civil está enfocando la lucha de resistencia en dos frentes: informando a la comunidad indocumentada sobre sus derechos y trabajando con los estados santuarios, como California, Illinois y Nueva York, y entidades locales, para que no colaboren en la ejecución de eventuales políticas en perjuicio de los migrantes.