¿Quién mató a la gallina de los huevos de oro?
Heberto Castillo Martínez, celebre columnista de EL UNIVERSAL, advirtió en su tiempo que la política de extracción del petróleo era irresponsable e irracional, sino es que criminal considerando lo que ha sucedido desde entonces. El ingeniero murió en 1997, pero dejó en la memoria colectiva que México necesitaba construir una industria petrolera que creara valor agregado, no sólo pensando en producir combustibles (gasolina), sino para impulsar la petroquímica secundaria.
Lejos de ello, durante la administración de Vicente Fox se impulsó desenfrenadamente la extracción de petróleo crudo llegando a su tope de 3.4 millones de barriles diarios (mbd) en promedio en 2003.
La producción fue declinando aceleradamente hasta llegar en noviembre a la cifra de 2.1 mbd. El agotamiento prematuro de los yacimientos está bien representado por la experiencia de Cantarell, que sirve como ejemplo internacional de lo que no se debe hacer.
Desde entonces se vendió la idea de que el petróleo como fuente de energía sería sustituido y que México tenía que aprovechar los precios elevados para aprovechar la oportunidad. Posteriormente, se priorizó la importación de gasolina del exterior argumentando que producirla en el país era muy costoso y que resultaba más conveniente comprarla en el exterior.
Esta retórica que muchos analistas cercanos al gobierno respaldaron, escondían dos decisiones de Pemex: 1) priorizar la producción y exportación de petróleo crudo, y 2) abandonar los proyectos de refinación.
Lo anterior implica que la mayoría del petróleo crudo que se produce se exporta (1.3 mbd en noviembre) y que la gasolina importada en ese mes representó según cifras de Pemex 56.8%, pero hubo meses como julio y septiembre que rebasaron 68%.
Es decir, cuando el gobierno señala que parte del problema del alza de la gasolina es que subió el precio del petróleo y que el dólar se depreció más de lo esperado, es cierto; pero el problema es que nos dice verdades a medias, porque omite que ante la caída de la factura petrolera ha buscado compensar el descenso de los ingresos vía el IEPS, y tampoco reconoce que las refinerías de Pemex ni siguiera cuenta con la materia prima suficiente para producirla, además de que los gastos de operación se han reducido y que desde hace muchos años se abandonaron los proyectos de inversión.
Nuestros tecnócratas dicen que el caos generado por el gasolinazo es resultado de que la reforma energética no se aprobó hace muchos años (1997) y que por ello la estructura monopólica ineficiente hizo crisis. En realidad Pemex no sólo ha sido arruinado por el sindicato, sus funcionarios, los contratistas rapaces, la corrupción, el crimen organizado que ordeña los ductos; sino también por el régimen tributario que le impuesto una increíble sangría.
La empresa tuvo que caer en el absurdo de endeudarse para poder financiar los proyectos de inversión. Como ese esquema ya no funcionaba se ha recurrido a un modelo de asociación público privado donde los inversionistas privados le arriendan a Pemex sus propias instalaciones y activos en un esquema que nos recuerda a los Pidiregas, implementados en el gobierno de Zedillo —cuando el país estaba quebrado y se puso como garantía del fondo de rescate la factura petrolera— que le da liquidez en el corto plazo a la empresa, pero que la deja en peores condiciones a la larga.
Cuando la actual administración lanzó la reforma energética, se hizo la promesa de que se le quitaría a Pemex la exagerada carga fiscal para que se convirtiera en una empresa productiva del Estado.
Los estados financieros auditados de 2016 que tienen que ser presentados ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), puesto que su deuda se cotiza en los mercados financieros seguramente no darán buenas noticias y podría aportar elementos para que las calificadoras de deuda le bajen la calificación a Pemex y al país.
El plan de negocios presentado por Pemex el año pasado tampoco convenció a los analistas.
No se pensó fortalecer a Pemex como parte de la reforma energética. La propuesta era muy clara que el incremento de la producción y de la refinación procediera de inversionistas privados que iban a desplazar a la inversión pública.
El problema es que son proyectos de largo plazo y que han tenido que replantearse con proyecciones de precios muy diferentes a las que había hace tres años.
La reforma fiscal, que entró en vigor en 2014, fue oportuna para el gobierno en turno porque ayudó a compensar la caída de los ingresos petroleros.
Sin embargo, en lugar de que se hiciera un ejercicio de consolidación fiscal, los egresos crecieron más que los ingresos, al punto que el FMI le propuso al gobierno un consejo fiscal que vigile el ejercicio del gasto, ya que sistemáticamente la presente administración ha rebasado el presupuesto programado, lo cual se confirmará una vez más cuando se presenten los resultados de las finanzas públicas correspondientes al cuarto trimestre.
No se pensó fortalecer a Pemex como parte de la reforma energética. La propuesta era muy clara que el incremento de la producción y refinación procediera de inversionistas privados que iban a desplazar a la inversión pública.