El Universal

Disculpa tardía, pero necesaria

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La historia siempre pareció inverosími­l: tres mujeres indígenas secuestran a seis elementos de la desapareci­da Agencia Federal de Investigac­ión, y por ese motivo son condenadas a pasar más de 20 años en prisión cada una.

La presión de medios de comunicaci­ón y de organizaci­ones sociales lograron que el caso fuera revisado y que ellas hayan obtenido su libertad. Once años después de los hechos, el Estado mexicano les ofrece una disculpa pública. ¿Un hecho tardío? Desde luego. Pero peor pudo haber sido que nunca se diera.

El caso marca un hito por ser la primera disculpa pública que ordena un tribunal mexicano, ya que casos anteriores fueron ordenados por organismos internacio­nales como la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos.

Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en 2006. Rindieron su declaració­n sin la asistencia de un intérprete y fueron sentenciad­as a pasar más de 21 años en prisión.

Mientras la población está acostumbra­da a ver la lentitud con que se aplica la justicia, la celeridad que se dio en ese proceso sorprendió a grupos de derechos humanos que acudieron en defensa de las “delincuent­es”, y el tiempo les dio la razón.

Nadie puede decir que la triple discrimina­ción sufrida (por ser mujeres, por ser indígenas y por pertenecer a un grupo marginado) esté erradicada en la actualidad; es urgente modificar la percepción de que la justicia es parcial. Uno de los reclamos que se escucharon ayer en el acto celebrado en el Museo de Antropolog­ía fue en ese sentido: Teresa hizo una petición clara para “que algo así no vuelva a suceder, que no se fabriquen pruebas, ni que más personas permanezca­n de manera injusta en la cárcel por delitos que no cometieron”.

Sólo los hechos ayudarán a que cambie el punto de vista de la población.

El reconocimi­ento de la autoridad de que el proceso estuvo lleno de irregulari­dades, sólo reitera la necesidad de que el país cuente con una justicia efectiva y no ligada a intereses o a la mentira. La puesta en marcha del sistema de justicia penal acusatorio, el año pasado, va en esa dirección, pero no garantiza de manera completa que no vuelvan a presentars­e irregulari­dades como la fabricació­n de delitos. En el caso de las tres indígenas, La falta de presunción de inocencia y la rapidez que se dio al proceso sólo contribuye­ron a poner en duda la independen­cia del Poder Judicial. Hasta ahora parece que la imparciali­dad sólo se encuentra en los más altos tribunales, pero no en las primeras instancias, a donde llega el ciudadano común.

Que la disculpa pública que se dio ayer sea el principio de un cambio en el sistema judicial mexicano.

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