Indagó ASF a Pérez Maqueda
Observó presuntas anomalías a ex servidor, quien tenía dinero en la cajuela
El ex director general de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Francisco Javier Pérez Maqueda —cesado por estar sujeto a investigación por el hallazgo de una bolsa de dinero en un auto a su cargo—, dejó pendiente por aclarar con la Auditoría Superior de la Federación la construcción de cuatro salas de juicios orales, que asciende a poco más de 251 millones de pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF emitió diversas observaciones al área que anteriormente encabezaba Pérez Maqueda por haber encontrado diversas irregularidades en los procesos de contratación y ejecución de los mismos.
La ASF revisó específicamente cuatro contratos referentes a la construcción de salas orales en los reclusorios Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México y el Centro de Justicia Penal Federal de Cadereyta, Nuevo León.
Todos estos contratos sumaron un gasto de 251 millones 270 mil pesos para el CJF.
En el caso de los contratos para las salas orales de la Ciudad de México, la ASF indicó que el consejo no consultó a cuando menos dos fuentes el precio de obra para la investigación de mercado que debió realizar para fijar el presupuesto base, pues sólo promedió las cotizaciones que presentaron tres empresas para hacerlo.
La Dirección de Inmuebles indicó que la investigación de mercado del presupuesto base estuvo a cargo de la Subdirección de Presupuestos adscrita a esa misma área.
La ASF determinó que al hacerlo de este modo, solicitando la cotización a tres empresas ajenas al proceso de contratación, el consejo entregó a éstas información confidencial para ello, misma que conforme a la ley se debió entregar únicamente a la empresa a la que se le adjudicara en un momento dado el contrato.
La Auditoría realizó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que luego de realizar las investigaciones pertinentes inicie el proceso administrativo contra los funcionarios que omitieron realizar la investigación de mercado conforme a la ley.
Señaló que la terminación de los contratos para el Reclusorio Norte, por 41 millones 698 mil pesos; para el Reclusorio Sur, de 42 millones mil 700 pesos, y para el Reclusorio Oriente, 43 millones 92 mil 900 pesos, se estipuló que ocurriría el 16 de febrero de 2016; sin embargo, la ASF realizó visitas a esos centros de reclusión y observó que entre mayo y junio del mismo año continuaban las obras de construcción.
El ahora ex funcionario llegó al CJF luego de su gestión como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, en 2012. La SFP lo investigó por la adjudicación de la Red Corporativa.
La Procuraduría informó al pleno del Consejo que en esa investigación no se le fincó responsabilidad penal ni administrativa, informaron fuentes federales a EL UNIVERSAL, razón por la cual se aprobó su ingreso al CJF.
“[La Judicatura] no consultó a cuando menos dos fuentes el precio de obra para la investigación de mercado que debió realizar para fijar el presupuesto base” INFORME DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN