La agenda pendiente
Nadia Aurelia Acuña, esposa del doctor Francisco Frías Castro, quien fuera candidato independiente a la gubernatura de Sinaloa en 2016, sentenció en una entrevista que concedió al periódico sinaloense Noroeste: “Se olvidaron de la gente”. Esta es la realidad de los últimos 15 años, los gobiernos panistas y el sexenio de Peña Nieto se olvidaron de la gente.
Efectivamente en los últimos tres lustros el país ha carecido de una agenda social que busque cerrar la brecha de desigualdad. Desde hace casi 20 años los temas centrales de la agenda han sido las reformas estructurales económicas y las reformas políticas de coyuntura que cada sexenio se discuten a conveniencia en el Poder Legislativo.
El último programa con enfoque social se dio en 2004 con el Seguro Popular, que permitió ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud, pero no ha incidido en la mejora de la calidad de los servicios.
México no es de los países más pobres, pero sí es de los países más desiguales. Aun así, 45% de la población está considerada como pobre de acuerdo a estándares internacionales.
Durante el “boom petrolero” en los gobiernos panistas hubo estabilidad económica, lo cual ayudó a mantener un determinado nivel de desigualdad, como lo evidencia la gráfica del coeficiente Gini de los últimos sexenios, pero la realidad es que careció de una agenda que buscara otorgar un conjunto de derechos sociales que “emparejara” a la sociedad mexicana. Sin embargo, a raíz de la crisis económica mundial de 2009 se incrementó la brecha de desigualdad.
Lo raro es que siendo nuestro país tan desigual no exista una agenda social que fortalezca los servicios de salud, la educación, y la seguridad social incluyendo las pensiones de retiro e invalidez. Los principales partidos políticos se olvidaron de la gente, al extremo que ni siquiera está en la discusión pública la necesidad de una agenda social.
La clase política de la mayoría de los partidos se corrompió y ha concentrado su discusión solo en reformas económicas, pero ha carecido de reformas estructurales de carácter social, y de aquellos proyectos de largo alcance que impulsen la inversión en capital humano como lo son la salud, la seguridad social, la seguridad pública, el Estado de Derecho y la educación.
Los expertos señalan que la educación y la salud son los factores redistributivos por excelencia en manos del gobierno, sin embargo estos sectores no han sido diseñados así en nuestro país en los últimos 25 años.
Vemos que la clase política de los diferentes partidos se ha concentrado en tres cosas: cómo ganar elecciones; cómo sus partidos y gobernantes obtienen más presupuesto; y cómo hacen negocios ellos con el poder y el erario público. Es por esto que ha crecido la corrupción que hoy señala la sociedad y que nos grita “Ya basta, se olvidaron de la gente, y solo piensan en ustedes y sus partidos”.
Así pues, de cara al proceso electoral de 2018, serán necesarias dos cosas: primero, la propuesta de una agenda social real, alejada del populismo y la demagogia y soportada con realismo económico. Los derechos sociales en nuestro país deben ser una prioridad. A quienes se escandalizan ante la posibilidad de que pueda gobernar la izquierda, les digo: lo extraño es que no haya gobernado la izquierda en un país tan desigual como el nuestro.
El segundo factor indispensable de cara a 2018 es el compromiso de combatir la corrupción. Este combate deberá tener dos vertientes: un programa preventivo en todas las áreas que sabemos son de alto riesgo de corrupción de manera histórica, y otro deberá ser una acción decidida de reducir la impunidad que solapa el “tapaos los unos a los otros” que señala Denise Dresser.
Ya hemos dicho otras veces que el problema de la corrupción en nuestro país es de corrupción organizada por lo que habrá que desmantelar las redes criminales incrustadas en el gobierno tanto en el ámbito federal como en los estados.
Así pues, el gran reto de quien gobierne el próximo sexenio 2018-2024 será implementar en los 6 años una agenda social, combatir la lacerante corrupción y recuperar la credibilidad en el gobierno y despertar la esperanza de los mexicanos.