InfoDF: un gesto de sensatez
Construir instituciones fuertes no es lo mismo que engordar las burocracias. Los ingresos de los servidores públicos son materia de interés general en la medida en que existe una clase política privilegiada que se ampara en la seguridad del erario, mientras millones de mexicanos padecen los embates e incertidumbre del entorno económico nacional e internacional.
En lo que va del siglo XXI, México ha dedicado grandes esfuerzos a promover la transparencia y la rendición de cuentas, atributos básicos de una democracia fortalecida. Sin embargo, ese trabajo pierde mérito cuando los encargados de las instituciones de transparencia se preocupan más por sus elevados salarios que en adoptar medidas sensatas, dignas de un órgano cuyo objetivo es justo colaborar en el uso correcto de recursos.
Cada comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (InfoDF) percibe mensualmente 102 mil 920.89 pesos netos, un salario que es 30 por ciento mayor al que gana el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, o cada uno de los jefes delegacionales.
De acuerdo con la investigación que hoy publica EL UNIVERSAL, tan solo en 2016 los cinco comisionados que integran el pleno del organismo costaron al dinero público la cantidad de 7 millones 174 mil 986.55 pesos. Ello, aun cuando el gobierno local, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México anunciaron en su momento medidas de austeridad en el gasto.
La necesidad de fundar instituciones orientadas a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas generó, entre otras, al InfoDF. Derivado de esto, surgieron también nuevos gastos para el dinero público: más funcionarios, más asesores, más burocracia. ¿Cómo se ha traducido este esfuerzo económico en decisiones públicas relevantes del InfoDF? ¿Qué beneficios han aportado esta institución y sus funcionarios a los mexicanos de a pie?
El divorcio entre políticos y ciudadanía es claro. Los partidos se niegan a reducir sus prerrogativas y hasta usan dinero que no les corresponde; diputados de distintos partidos abusan del erario, mientras que magistrados electorales se aferran a sus jugosos salarios. Ahí está la ruptura con los mexicanos que padecen todos los días la crisis económica que se vive.
Los servidores públicos deben entender que los tiempos están cambiando. La visibilidad que tienen es cada vez más amplia, tanto como el desprecio de miles de personas desilusionadas con las reglas de la democracia. Hoy no basta hablar de austeridad si la expresión no se acompaña de gestos concretos. Tienen la oportunidad de escuchar el reclamo ciudadano y actuar en consecuencia.