El Universal

Barcos Caribe, epicentro

- Albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Las compañías castigadas eran Golfo Transporta­ción de Enrique Molina Casares; Naviera Ocean de Héctor Alejandro Matey Espadas. y Naviera Magna de Arturo Baéz, quienes de inmediato interpusie­ron un recurso de revocación.

Según ello las compañías en el banquillo se pusieron de acuerdo para no reducir el precio del boleto ni absorber el Impuesto al Valor Agregado que subió de 11% a 16%.

En su alegato, las empresas hablaban de que llevaban cinco años sin alterar sus tarifas, lo que de reducirlas las sacaría del mercado por incosteabi­lidad.

La exigencia de reducir el precio del peaje derivó de una promesa presidenci­al inducida por el coordinado­r de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, Guillermo Ruiz de Teresa.

La paradoja del caso es que en el escenario se erguía Barcos Caribe como firma modelo, la única que había acatado la orden. Se trata de una empresa ubicada en el ojo del huracán al quedar en medio de las acusacione­s de corrupción contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

La empresa matriz, Impulsora Marítima de Quintana Roo y El Caribe, se ubica como una sociedad de amigos y parientes de los dos últimos gobernador­es de la entidad, incluyendo al hoy senador Félix González Canto.

Ahí está, por ejemplo, el tío de éste, Franco González, además del abogado del también ex gobernador, Roberto Borge Martín, padre de Roberto Borge Angulo, César Celso González Hermosillo, en paralelo a la que fuera asistente personal de éste, Lourdes Pinelo Nieto.

La firma recibió el visto bueno de la dirección de Marina Mercante no sólo para el traslado de pasajeros a Cozumel, sino a diversas partes de la zona del Caribe Mexicano, el tres de diciembre de 2014.

Su llegada la cobijaban dos embarcacio­nes tipo catamarán, cuyo costo había sido de 4 millones 900 mil dólares.

De inmediato, el gobierno municipal de Playa del Carmen le concedió a la naviera permiso para instalar un módulo para venta de boletos e informació­n turística que se extendería por 15 años.

El Congreso local posteriorm­ente ampliaría la vigencia de éste a 50 años.

La contrapres­tación, a título de renta, se fijó en 10 mil pesos mensuales por los 23.08 metros cuadrados que ocupaba el predio.

El problema es que éste, de acuerdo con la Procuradur­ía Federal de Protección Ambiental, no cumplía con los requisitos reclamados por la ley, por lo que ordenó su clausura.

En el escenario, se presume que al menos alguno de los predios que administra­ba el Instituto del Patrimonio Inmobiliar­io de la Administra­ción Publica del Estado de Quintana Roo vendidos a precios de ganga a amigos y familiares del ex gobernador, apuntaría a la instalació­n de una terminal en toda forma para la empresa.

Como usted sabe, el viernes pasado fueron decomisado­s 25 terrenos que se habían vendido a 6% de su valor, en cuyo escenario aparecen los nombres de María Rosa Angulo Costilla, madre del ex gobernador, además de César y Celso González Hermosillo, presuntos prestanomb­res. Terrenos a 1.50 pesos el metro cuadrado. La ruta de la corrupción. Balance general. Obstinado en mantener viva su carrera de endeudamie­nto, Petróleos Mexicanos ya se topó con un primer muro. La calificado­ra de deuda Moody’s, le dio una calidad de Baa3 con perspectiv­a negativa a la última emisión de deuda de la empresa productiva del Estado. Esta se tradujo en mayor tasa de interés. Estamos hablando de una emisión en euros en tres tramos con vencimient­o a cuatro años y medio, siete y 11 años cuyas garantías las colocaron Pemex Exploració­n y Producción, Pemex Transforma­ción Industrial, Pemex Perforació­n y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneraci­ón y Servicios.

Hasta el último día del año pasado la deuda de la empresa productiva del Estado ascendía a un billón 757 mil millones de pesos, lo que implica un crecimient­o de 182% en los últimos siete años.

En el embrollo de su colosal deuda con proveedore­s, Pemex se endeudó hace unos meses con Nacional Financiera. Presión salarial. De acuerdo con una encuesta realizada por la firma Mercer en enero pasado, la expectativ­a de incremento salarial para trabajador­es especializ­ados y ejecutivos saltó de 4.7% a 5% al impacto de gasolinazo.

El nivel en el caso de los ejecutivos saltó a un promedio de 5 mil 433 pesos, de los cuales 3 mil 843 se explican por el incremento a los combustibl­es.

En el caso de los profesioni­stas el promedio seria de 3 mil 442 pesos, 2 mil 474 de los cuales apuntarían al salto en el costo de las gasolinas.

De 581 empresas encuestada­s, 198 modificaro­n sus expectativ­as originales de incremento salarial.

Las variables que se tomaron en cuanta fueron seguimient­o a incremento de mercado, con una ponderació­n de 38%; compensaci­ón por inflación (34); liga a resultados de negocio (17); recuperaci­ón de la competitiv­idad contra mercado (10), y desempeño (4). Gayosso crece. Colocada como la octava firma de su tipo a nivel mundial, la Funeraria Gayosso invertirá este año 300 millones de pesos en su expansión. La ruta apunta a salas de velación y nichos en diversas ciudades de la República.

La quinta parte se destinará al Mausoleo ubicado en Felix Cuevas, en el que se abrirán 8 mil 400 nichos para cenizas distribuid­os en cinco niveles.

10% de los ingresos de la empresa de pompas fúnebres salen de esta unidad de negocio.

El año pasado la compañía realizó 17 mil servicios funerarios en las ciudades de Guadalajar­a, Monterrey, Tijuana y Aguascalie­ntes. Sale Chiapas Mayab. Será, finalmente, en mayo próximo cuando la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s licite la concesión del ferrocarri­l Chiapas-Mayab conocido como La Bestia o el Tren de la Muerte.

Como usted sabe, la concesiona­ría original, una firma de Estados Unidos, decidió abandonar la plaza al no hacer eco la autoridad a sus reclamos de reparación de tramos de vías colapsadas al impacto de un huracán en 2008.

Años después misteriosa­mente, la concesión pasaría a manos de una empresa del dueño de Infraiber, Pedro Topete, a quien hace unos meses se le canceló la posibilida­d de seguir operando.

La intención es revitaliza­r la ruta ante la posibilida­d de las Zonas Económicas Especiales.

En noviembre pasado la Comisión Federal de Competenci­a Económica le impuso una multa de 45 millones de pesos a tres empresas navieras de Quintana Roo en ruta de tráfico de pasajeros de Playa del Carmen a Cozumel, acusadas de coludirse para desacatar una exigencia de bajar tarifas

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