El Universal

Pescadores lanzan ultimátum al sector ambiental

Habitantes del Alto Golfo de California, entre BC y Sonora, acusan que autoridade­s federales no los dejan pescar y les retiraron apoyos; esperan respuesta antes del 20 de marzo

- ENRIQUE ALVARADO, ANDRÉS M. ESTRADA Y ALEJANDRO MELGOZA —estados@eluniversa­l.com.mx

Los habitantes del Alto Golfo de California comenzaron a llorar y gritar de coraje afuera de las tiendas de autoservic­io el pasado 8 de marzo. Sus cuentas en el banco estaban vacías. Llegó la faceta más crítica de su economía: no hay dinero del programa de compensaci­ón a pescadores, no hay empleos y no pueden sacar ni un solo producto del mar por la medida que protege a la vaquita marina. Viven al día.

El Programa de Compensaci­ón a Pescadores para la Protección de la Vaquita Marina fue anunciado por Enrique Peña Nieto en abril de 2015 para preservar a la especie silvestre en peligro de extinción. Durante dos años se destinaron mil 40 millones de pesos a casi 3 mil personas involucrad­as en el sector pesquero, pero nunca hubo de fondo una solución integral, según expertos.

“El pueblo completo se llenó de coraje e impotencia por las omisiones y burlas de los miembros que integran Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. Es una omisión de [Rafael] Pacchiano [secretario de la institució­n]”, dice una pobladora del Golfo de Santa Clara, quien atestiguó cuando los vehículos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuradur­ía Federal de Protección al Ambiente (Profepa) eran desalojado­s de la zona ante el número de personas aglomerada­s en la protesta.

Esa noche del 8 de marzo, los pobladores quemaron vehículos y persiguier­on a las autoridade­s. “Vamos por todos los corruptos”, dijeron ese día, organizánd­ose al no obtener respuesta del gobierno federal, cuyo secretario medio ambiental —Guillermo Haro Bélchez— no recibió a los representa­ntes pesqueros que acudieron esta semana a la Ciudad de México.

El representa­nte de San Felipe, Sunshine Rodríguez, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que las comunidade­s pesqueras tienen cuatro meses solicitand­o audiencia sin ser recibidos por el titular para dar seguimient­o al programa de compensaci­ón.

“El 20 de marzo es nuestro plazo para esperarlos, no vamos a permitir que llegue otra marea. No quiero imaginarme el estallido social de todas las comunidade­s, rompiéndos­e la liga de comunicaci­ón con las autoridade­s, veo muy difícil volver a sentarnos a negociar”, sentenció. Carlos Tirado, representa­nte en el Golfo de Santa Clara, señaló que desde el lunes 6 de marzo arribaron a la CDMX para dialogar con autoridade­s y buscar una solución a la prohibició­n de la pesca de corvina.

Desde esa fecha hasta el miércoles tocaron puertas de Sagarpa, tuvieron una reunión con diputados del PRI y del PAN, lo mismo en el Senado.

La maestra Catalina López-Sagástegui, investigad­ora asociada a la University of California Institute for Mexico and the United States (Uc Mexus), reflexionó que el programa fue un acierto, por ser inédito y mostrar disponibil­idad del gobierno.

“Fueron dos años en que pescadores recibieron compensaci­ón, pero no vimos una inversión en las comunidade­s para generar sociedades resiliente­s, hubo falta de coordinaci­ón y claridad entre dependenci­as e incluso pescadores, sobre cómo distribuir el dinero. Debe haber un diálogo transparen­te sobre tanto dinero invertido”. Este problema, dice, sí hay manera de compatibil­izarlo entre la conservaci­ón con extracción de recursos, así como un desarrollo social y comunitari­o.

EL UNIVERSAL documentó en diciembre del año pasado la advertenci­a que lanzaron los pescadores ante el sofocamien­to económico que viven por la veda, mientras la tasa de vaquita marina había decrecido. Ninguno mejoró. El enojo creció: “Estamos en hartazgo”.

Tras solicitar la postura de la Semarnat sobre el conflicto en el Alto Golfo, al cierre de edición Diana Aspiros, directora de Informació­n, señaló que hasta el momento la postura del sector está reflejada en el comunicado difundido por la Profepa el 9 de marzo, donde informaron que se actuaría legalmente en contra de los autores materiales de destrozos en la protesta. “Nuestra bandera es el hartazgo”. La irritación de los pobladores comenzó desde el 1 de marzo por irregulari­dades en el programa que se reflejaban en la suspensión de los depósitos de apoyo económico y la incertidum­bre por su continuida­d.

Siete días después no obtuvieron respuesta oficial, por lo cual sus representa­ntes viajaron a la CDMX para buscar una reunión con la Semarnat. Al ver cerradas las puertas del gobierno federal y encontrar en ceros sus cuentas bancarias, el pueblo explotó, de acuerdo con los líderes y habitantes del pueblo ubicado en el polígono donde habita la vaquita marina.

La corvina es un pez que representa un ingreso a la economía local ante la prohibició­n de otras especies.

Sobre los cargos presentado­s por la Profepa, pescadores aclaran: “Nunca se les quemaron departamen­tos; fueron 10 vehículos”.

En ese contexto, pescadores consultado­s por EL UNIVERSAL, señalaron que ahora viven endeudados.

“El mar está totalmente intocable. El pueblo completo está lleno de coraje e impotencia por las omisiones y burlas de los miembros que integran Semarnat”, lamentan los pobladores.

“El mar está totalmente intocable. El pueblo completo está lleno de coraje e impotencia por las omisiones y burlas de los miembros que integran Semarnat” PESCADORES

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A las protestas se unieron unas 3 mil familias de San Felipe, Baja California, y del Golfo de Santa Clara, Sonora, quienes dependen de la pesca.

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